Ley Ómnibus: reclamos de la oposición y promesas del Gobierno en los puntos más cuestionados

El proyecto de ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', que el Poder Ejecutivo envió hace 10 días al Parlamento, comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que el jueves pasado se conformaran esos grupos de trabajo.

Así, las comisiones de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trabajaron de 14 a 20 y también lo harán este miércoles de 9 a 20, en un cronograma de trabajo acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert.

Un plenario de comisiones de Diputados comenzó a analizar, en reuniones informativas, la Ley Ómnibus denominada "Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos". El arranque estuvo signado por las chicanas, críticas y reproches, sobre todo del kirchnerismo, que cuestionó la decisión del Gobierno de no enviar a los tres funcionarios principales, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A la sesión plenaria asistieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía y experto en reforma del Estado, Eduardo Rodríguez Chirillo; y luego el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Los tres hicieron primero una presentación y luego recibieron preguntas de diputados, tanto del kirchnerismo como de otros sectores aliados, como el PRO y la UCR. Lo saliente fue, de todos, las constantes críticas, quejas y chicanas lanzadas por dirigentes de Unión por la Patria, que rechazaron en la forma y el fondo a la iniciativa.

En medio de la expectativa sobre potenciales cambios para conseguir adhesiones, el Gobierno anunció que evalúa bajar el plazo de dos años a uno para las emergencias públicas solicitadas y las facultades delegadas al Ejecutivo, cuestiones centrales y de queja para la oposición en el Congreso.

Quien deslizó esta posibilidad fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, primer exponente del plenario que realizaron las Comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto de la Cámara baja. "Si se ve la ley de 2019 -empujada por el Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández- no declaraba 11 emergencias públicas. Sí declaraba nueve. La diferencia no es tan sustancial", aseguró el funcionario. Chirillo además dijo que las medidas solicitadas "establecen objetos y principios siguiendo la técnica legislativa, con objetivos y principios" que respetan la Constitución, así como las bases de las delegaciones de facultades del Congreso al Ejecutivo.

En ese sentido, manifestó: "Una vez que se empezó a conocer el proyecto, sugerían que fueran por un año, más otro de prórroga. Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final".

El secretario de Energía luego expresó que el trabajo comenzó en febrero del año pasado junto a responsables de las distintas áreas, documento que después se unió al estudio realizado por el funcionario sin cartera Federico Sturzenegger. Por último, dejó en claro que "esto no se trata de un cheque en blanco, ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista", ya que "se piden cosas muy específicas por plazos que podrían ser más cortos", y que el proyecto "es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores que empezaron en los 90 y continuaron después".

Otro de los expositores fue el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, trascendental para entender los andamiajes legales que procura asentar la Casa Rosada. En esa línea, el funcionario dio una definición importante sobre la necesidad de modificar "una ley central para relaciones entre gobierno y la sociedad, que es ley de procedimientos administrativos, que trata de equilibrar esa difícil armonía entre autoridad y libertad".

Sobre este punto, Barra fue tajante: "La ley de procedimientos es de 1972 y ha pasado mucha agua bajo el puente. La situación del país es otra. Fue dictada por el Gobierno militar y hoy podemos entender mejor la relación entre Estado y sociedad". El funcionario, además, recordó a Juan Bautista Alberdi sobre "situaciones de crisis" que "exigen decisiones de crisis", y en cuanto a que "muchas de las facultades especiales pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución".

Una de las frases más polémicas que pronunció fue la siguiente: "Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos tener". Esa manifestación recogió cuestionamientos generalizados de los diputados presentes.

En otro tramo de su disertación, el procurador del Tesoro aseveró que "la situación económica nos colocó con una deuda terrible, impresionante, y una deuda interna muy grande". Y agregó: "El Estado es deudor de todos sus contratistas. Esto es algo que hay que intervenir y empezar a solucionarlo".

Desde la oposición, la reunión arrancó con críticas de parte del jefe kirchnerista, Germán Martínez, y su colega y sindicalista bancario Sergio Palazzo. También se sumó a ese lote Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal).

En tanto, José Rinaldi, quien se presentó como vicejefe de Gabinete del Poder Ejecutivo -aparece designado ad honorem como secretario Ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete-, adelantó que mañana asistirán a Diputados el ministro de Interior, Guillermo Francos; la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; y el equipo económico -no se mencionó a Luis Caputo-; mientras que el jueves lo harán representantes de educación, niñez y familia; de cultura; y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

El último funcionario que se presentó fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien explicó los detalles de las propuestas que están incluidas en la "ley ómnibus" y defendió tanto las reformas en materia de procesos judiciales, y en áreas como la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la disolución del INADI y aspectos más nimios como la obligación de los jueces de portar "toga y martillo".