La AFIP empezó a controlar las cuentas y bienes de quienes no abonaron ese tributo. Unas 200 personas alcanzadas recurrieron a la Justicia para no pagar.

Luego de que la semana pasada venciera el plazo para pagar el Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que se recaudaron ingresos por más de $ 223.000 millones, como resultado de que el 80% de los contribuyentes con patrimonios declarados superiores a los 200 millones de pesos lo pagó, precisamente 10.000 individuos.

El Gobierno esperaba recaudar $ 307.000 millones por el pago de los 12.000 contribuyentes con patrimonios superiores al estipulado. Sin embargo, una gran cantidad de empresarios se opuso a pagar el impuesto y demandaron a la AFIP.

Se estima que hay aproximadamente 200 acciones legales a nivel país, es decir, litigios que reclaman ante la Justicia porque la medida es 'inconstitucional y tiene carácter confiscatorio'.

Según confirmó la AFIP a El Cronista, el organismo empezó a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) un proceso de fiscalización entre los más adinerados de los que no completaron las declaraciones juradas y no pagaron el aporte en tiempo y forma.

Estás personas presuntas evasoras además de las fiscalizaciones -que el organismo señaló que demoran aproximadamente 150  días para solicitar la información- podrán tener inspecciones, sanciones, multas o intereses dependiendo de la situación en la que se encuentren. El vencimiento del más conocido como "impuesto a la riqueza" fue el viernes 16 de abril, pero las personas alcanzadas podían adherir hasta el 28 de abril a un plan facilidades de pagos.

"La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia", señaló la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Desde que se aprobó la ley ya estaba definido cómo se distribuirían estos fondos. De esta manera, $ 45.000 millones, un 20% del total recaudado, será destinado a la compra y elaboración de equipamiento médico, medicamentos, vacunas e insumos críticos. Otro 20% irán a subsidios para las pymes con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Después, un 20% del total recaudado se destinará a reforzar el programa de becas Progresar para estudiantes, un 15%, es decir cerca de $ 33.000 millones será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y, un 25% de los fondos a financiación de programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

De todos modos, a la administración tributaria le llevará unos meses hacerse de estos fondos dado que para pagar el aporte muchos ingresaron a un plan de pago de 6 cuotas mensuales.