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Masacre en Río de Janeiro: 64 muertos en megaoperativo policial contra el Comando Vermelho

2500 agentes, helicópteros y blindados irrumpieron en las favelas de Alemão y Penha para capturar a los capos de la organización criminal. Cuatro policías cayeron en la ofensiva.

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EL DIARIO digital

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Río de Janeiro vivió este martes una jornada de violencia extrema tras una gigantesca ofensiva de 2500 agentes policiales en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca y bastiones del Comando Vermelho. El operativo, dirigido a capturar a líderes de la poderosa organización criminal, dejó un balance provisional y estremecedor de 64 muertos, entre ellos cuatro agentes de la fuerza, y más de 80 detenidos.

Las autoridades calificaron la acción como el ataque más letal contra grupos criminales en la historia reciente de la ciudad, desatando un debate inmediato sobre la frontera entre el combate al narcotráfico y la vulneración de derechos ciudadanos en barrios densamente poblados.

El despliegue y el objetivo

La operación comenzó antes del amanecer con un despliegue masivo que incluyó el sobrevuelo de helicópteros, el uso de drones de reconocimiento y ataque, y una treintena de vehículos blindados para romper las barricadas incendiadas que obstruían las rutas. Los 2.500 agentes avanzaron por las estrechas callejuelas, incautando 42 fusiles de alto calibre y deteniendo a 81 personas.

El principal objetivo de la ofensiva era Edgar Alves de Andrade, alias "Doca" o "Urso", señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, "Doca" acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Las autoridades lo vinculan con ataques a delegaciones policiales en 2025 y mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.

La política de "guerra" del Gobernador

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha sido especialmente implacable en su política de seguridad. Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, declaró a Infobae que esta acción es "el más letal contra grupos criminales en la historia de la ciudad", y destacó que tres de las cuatro operaciones con más muertos han ocurrido durante su mandato.

Dalby añadió: "Durante años, 'Doca' ha sido el arquitecto de la expansión violenta del grupo criminal hacia otras favelas y también hacia otros estados, donde mantiene conflictos con las milicias, organizaciones criminales vinculadas a sectores de la ultraderecha brasileña. 'Doca' es, sin duda, uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro".

Por su parte, el gobernador Castro calificó la acción de "guerra" y afirmó que Río está "sola en este enfrentamiento", señalando que el narcotráfico dispone de armas entregadas por redes internacionales y lamentando que las Fuerzas Armadas rechazaran hasta tres veces su pedido de apoyo con blindados. El complejo de Penha y Alemão es, según la fiscalía, un punto estratégico para el flujo de drogas y armas.

El drama social y las denuncias de HRW

La población del norte de Río vivió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de tiros, lanzamiento de granadas, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos y comercios permanecieron cerrados.

En este entorno, organizaciones de derechos humanos alertaron nuevamente sobre la letalidad policial. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en el pasado que muchas muertes en enfrentamientos oficiales no son combates legítimos, sino ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2025, HRW alertó sobre un proyecto de ley que establecería incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, lo que "crea un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar".

La impunidad y la letalidad policial en Río son parte de un problema estructural: en 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden. Esta cifra estadística sumó 64 víctimas más con la jornada de este martes. El futuro de la misión, cuya operación continúa en desarrollo, se jugará en la capacidad del Estado para abrir investigaciones independientes y reconstruir el tejido social en las zonas abandonadas.

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