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EL DIARIO digital
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Nicaragua la adopción de "medidas urgentes" para la liberación de opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en cárceles del país.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, requirió el martes la "liberación inmediata" de 11 detenidos, así como otorgar "medidas urgentes, para proteger y garantizar su derecho a la vida, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal", informó la agencia de noticias AFP.
Las medidas exigidas favorecen a 11 de 46 detenidos en ocho centros.
Entre los apuntados figuran la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial en las elecciones de 2021 Cristiana Chamorro; el también precandidato Félix Maradiaga y el integrante de la opositora Alianza Cívica Nicaragüense Juan Sebastián Chamorro; así como la excomandante guerrillera sandinista y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Tellez, y el exmiembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y excanciller Víctor Hugo Tinoco, entre otros.
Entre los detenidos están la jefa del partido Unamos Suyen Barahona; el diplomático y docente Arturo Cruz y la exdirectora del opositor Movimiento por Nicaragua Violeta Granera, precandidato presidencial por la Alianza Azul y Blanca (UNAB).
También están arrestados el expresidente del Consejo Superior de Empresas Privadas de Nicaragua José Adán Aguerri; el periodista Miguel Mora; el exdirigente del Movimiento Renovador Sandinista nicaragüense y actual miembro del partido Unamos Hugo Torres y la activista feminista Tamara Dávila.
El 29 de noviembre, la Corte IDH ya había declarado en "desacato permanente" al gobierno de Ortega por la "efectiva inobservancia" de lo ordenado por ese tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio de 2021 a favor de los detenidos.
El tribunal interamericano destacó que "la situación de riesgo valorado (de los detenidos) ha continuado incrementándose", así como "las condiciones insalubres y riesgosas de detención, las agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de las personas en detención y sus familiares".
El gobierno de Ortega rechazó en noviembre pasado autorizar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver a los presos, varios de ellos -38, según el Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más- con enfermedades agravadas por la cárcel.
La mayoría de los detenidos fueron condenados por "terrorismo", "conspiración" y "traición a la patria", en base a la llamada Ley de Defensa de la Soberanía, de apenas dos artículos y sancionada en 2020.
"La negativa deliberada del Estado de brindar información oficial sobre la situación actual de las personas identificadas se han mantenido y empeorado con el paso del tiempo", indicó la resolución de la Corte Interamericana.
Más de 200 personas están detenidas en el contexto de la crisis política desatada por manifestaciones contra una reforma de la seguridad social en 2018, que fueron reprimidas.
La represión dejó más de 355 muertos y miles de exiliados, según la CIDH.
Acusado por sus adversarios de autoritario y corrupto, Ortega, de 77 años y presidente desde 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Juzgarán por conspiración a un obispo crítico de Ortega
El obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y quien está bajo arresto domiciliario desde hace cinco meses, será juzgado por el delito de conspiración, informó el martes el poder judicial de la nación centroamericana.
Álvarez, uno de los religiosos más influyentes de la iglesia católica nicaragüense, fue detenido a mediados de agosto tras ser sacado una madrugada de la casa curial en Matagalpa donde se había refugiado tras iniciarse una investigación en su contra por el delito por el que finalmente será juzgado.
El obispo será mantenido bajo arresto domiciliario, dijo la autoridad judicial. Los cuatro sacerdotes que fueron detenidos junto con Álvarez permanecerán en la cárcel El Chipote, en la capital Managua, considerada por organismos de derechos humanos como una prisión de tortura.
"La autoridad judicial revisó las medidas cautelares (...) admitió el intercambio de información y pruebas y remitió el caso a juicio", informó en un comunicado.
El Gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para conocer más detalles sobre la acusación en contra del obispo, el proceso que seguirá.
La detención de Álvarez se dio luego de denuncias de persecución policíaca por parte del obispo y tras el cierre de siete estaciones de radio católicas vinculadas al religioso.
Álvarez es el jerarca católico de más alto rango detenido en Nicaragua de 12 que permanecen detenidos y varios se han ido al exilio, en medio de lo que organismos de derechos humanos consideran una campaña del gobierno de Ortega contra la Iglesia.
El mandatario ha señalado en discursos públicos a obispos y sacerdotes de intentar derrocarlo mediante un golpe de Estado en 2018, cuando una serie de protestas dejó más de 360 fallecidos, la mayoría opositores a manos de la policía y civiles armados leales al Ejecutivo, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos.
