Patria Grande La Pampa marcha a Plaza de Mayo
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EL DIARIO digital
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El ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo,declarará la próxima semana en el juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario, una acusación derivada de un caso de trata.
El juicio continuará este martes en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Se escucharán nuevos testigos. Pero el ex intendente Bravo declarará en la audiencia del miércoles 21 de diciembre, previo a los alegatos.
La semana pasada, en las audiencias del juicio por trata en un local de 25 de Mayo, se escuchó la declaración de los testigos aportados por las defensas. Tres inspectores y dos concejales declararon en línea con el argumento defensivo según el cual el intendente firmaba un expediente con confianza en las dos firmas de funcionarios que lo rubricaban.
De esa forma busca desligar responsabilidades sobre habilitaciones e inspecciones.
La defensa del exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, presentó como testigos a inspectores municipales y exconcejales de la localidad, para intentar despegarse de la responsabilidad de haber permitido el funcionamiento de un local donde había mujeres que eran explotadas sexualmente a pesar de que una ordenanza prohibía habilitar cabarets o wiskerías.
Todos sostuvieron que antes de que el expediente llegara a su despacho para que lo cerrase, había dos firmas previas: la del director y del secretario de Gobierno. El lunes pasado declararon dos inspectores y dos exconcejales, testigos propuestos por la defensa del ex jefe comunal, ejercida por el abogado Gastón Gómez.
Bravo está imputado por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Le imputan incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, está imputada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Carballo, y el comisario Miguel Oyarce.
En primer lugar, el lunes pasado declaró el exinspector municipal Darío David Valenzuela. Dijo que el trámite de habilitación y las inspecciones que hacían sobre el local pasaban por la firma de un director y el secretario. "Él confiaba en esa gente", sugirió ante la consulta de las partes.
Además declaró Luis Nicanor Romero (44), que era concejal y viceintendente de Bravo en la época del caso. Incluso lo remplazaba en la función cuando estaba de licencia.
Declaró que las habilitaciones comerciales pasaban primero por Inspección General y luego por la Secretaría de Gobierno. Mencionó que en 2008 habían aprobado un organigrama y un manual de funciones para "descentralizar" y aliviar las tareas del jefe comunal.
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho".
La condena al exintendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret "El Rancho", a cuatro años de prisión por el delito de "acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.
