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EL DIARIO digital
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De esa forma busca desligar responsabilidades sobre habilitaciones e inspecciones.
La defensa del exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, presentó como testigos a inspectores municipales y exconcejales de la localidad, para intentar despegarse de la responsabilidad de haber permitido el funcionamiento de un local donde había mujeres que eran explotadas sexualmente a pesar de que una ordenanza prohibía habilitar cabarets o wiskerías.
Todos sostuvieron que antes de que el expediente llegara a su despacho para que lo cerrase, había dos firmas previas: la del director y del secretario de Gobierno. El lunes pasado declararon dos inspectores y dos exconcejales, testigos propuestos por la defensa del excomunal, ejercida por el abogado Gastón Gómez.
El debate continuará este miércoles en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa con más testimonios aportados por las defensas. Se prevé que Bravo preste declaración indagatoria cuando se termine la ronda de testigos.
Bravo está imputado por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Le imputan incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, está imputada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Carballo, y el comisario Miguel Oyarce.
Inspectores que no vieron nada
En primer lugar, el lunes declaró el exinspector municipal Darío David Valenzuela. Dijo que el trámite de habilitación y las inspecciones que hacían sobre el local pasaban por la firma de un director y el secretario. "Él confiaba en esa gente", sugirió ante la consulta de las partes.
También mencionó que las libretas sanitarias por seis meses de las mujeres que estaban en el local las firmaba un médico del hospital. El director del área firma las libertas. "Ahí no tiene nada que ver el intendente", dijo.
-¿Alguna vez encontraron prostitución en las inspecciones? -consultó la fiscalía.
-Cuando llegábamos al local, acompañados por un policía, hacíamos prender la luz blanca porque controlábamos que no hubiera menores o personas en estado de ebriedad. Las chicas estaban vestidas normalmente, nunca vimos un abrazo con un cliente. Eran meseras, llevaban copas al lugar donde estaba la persona y se retiraban. Había mesas, una fonola, se ponía música para bailar, un pool. Nunca vimos nada de prostitución.
_¿Bravo sabia lo que pasaba en el cabaret?
-No, porque nunca fue ahí a ese lugar.
-¿Cómo sabe?
-Porque mientras estuvimos haciendo operativos nunca lo vimos.
El empleado municipal aclaró que dentro de su función tenía obligación de denunciar si había prostitución. "Nunca vimos nada por eso no se hizo denuncia", insistió.
-¿Con qué fines pedían libretas sanitarias? -inquirió el fiscal.
-Porque para atenciones de carnicería, kioskos y almacenes, bar, se necesita liberta sanitaria…
A partir de este testimonio, el presidente del tribunal, José Tripputi, advirtió que las defenasas y la fiscalía no debían preguntarles como funcionarios públicos si sabían que había prostitución, ya que como testigos juran decir la verdad, no les queda otro camino que mentir o autoincriminarse en un delito (incumplimiento de deberes) en el caso de reconocer que tenían esa información.
Luego declararon dos inspectores más, José Navarro y Jesús Herrera. Ambos ratificaron que los trámites de habilitación e inspecciones del local nocturno pasaban por la firma de un director y el secretario de gobierno antes de arribar al despacho del jefe comunal.
El vice dijo que habían "descentralizado" funciones
Este lunes también declaró Luis Nicanor Romero (44), que era concejal y viceintendente de Bravo en la época del caso. Incluso lo remplazaba en la función cuando estaba de licencia.
Declaró que las habilitaciones comerciales pasaban primero por Inspección General y luego por la Secretaría de Gobierno. Mencionó que en 2008 habían aprobado un organigrama y un manual de funciones para "descentralizar" y aliviar las tareas del jefe comunal.
Explicó que se tomó esa determinación porque en esa época el boom del petróleo había provocado una explosión demográfica en la localidad y por eso "tratamos de descentralizar para que no cayera todo en una persona".
Consultado por el fiscal, dijo que estuvo ausente en la sesión de setiembre de 2010 durante la que se aprobó la ordenanza que prohibía la habilitación de cabaret y wiskerías. Recordó que el "espíritu" de esa norma era evitar que hubiera menores en ese tipo de locales. "No recuerdo los fundamentos", se disculpó.
"Fue una vergüenza, queríamos evitarlo"
Por otras parte, este lunes declaró un exconcejal del Frente para la Victoria, Darío Javier Giménez (42), quien coincidió respecto a las dos firmas anteriores a la del intendente en cada expediente, y también sobre la sanción del organigrama para aliviar el trabajo del jefe comunal en pleno boom petrolero, que transformó a la localidad, cuya población se duplicó en poco tiempo.
En cuanto a la ordenanza para prohibir cabarets, recordó que la impulsó la presidenta de su bloque. "Prohibía nuevos locales porque había pasado lo del El Rancho, que había habido trata de personas, y era una vergüenza que 25 estuviera en las noticias por eso. Queríamos evitar esas cosas, que no volviera a ocurrir, que se hiciera un circo más grande", dijo.
Un antecedente
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho".
La condena al exintendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret "El Rancho", a cuatro años de prisión por el delito de "acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.
