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EL DIARIO digital
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Un grupo de inversores de un desarrollo inmobiliario de Toay presentó una denuncia penal contra el intendente Ariel Rojas y los funcionarios municipales que pudieran tener responsabilidad en el caso, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. El reclamo está vinculado con la falta de mantenimiento de aproximadamente seis kilómetros de calles que, según sostienen, permanecen prácticamente intransitables.
La presentación judicial es patrocinada por el abogado Espartaco Massucco Guarrochena, quien intervino en los reclamos administrativos realizados ante la Municipalidad. Los denunciantes pretenden que la Justicia investigue las decisiones del Ejecutivo municipal y determine si existieron irregularidades en el tratamiento del emprendimiento.

El conflicto se remonta a 2021, cuando comenzó la tramitación de un desarrollo inmobiliario de unas cien hectáreas. Según el comunicado difundido por los inversores, durante más de cuatro años debieron cumplir con distintas exigencias municipales, reformular planos, realizar mensuras, abrir y nivelar calles, ejecutar obras de escurrimiento e instalar infraestructura eléctrica y alumbrado.
En septiembre de 2025, después de sucesivas gestiones y modificaciones, el proyecto obtuvo el visado definitivo municipal. Para entonces, los propietarios habían materializado unos seis kilómetros de calles.
Sin embargo, aseguran que, una vez aprobado el emprendimiento, el municipio dejó de realizar tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento. La vegetación avanzó sobre las trazas y actualmente hay sectores donde la circulación resulta prácticamente imposible.
La situación, sostienen, afecta directamente la comercialización de los terrenos, porque las dificultades para ingresar y recorrer el loteo impiden mostrar las propiedades a potenciales compradores. También señalaron que debieron contratar maquinaria por su cuenta para recuperar algunos tramos, que posteriormente volvieron a deteriorarse.
A ese panorama sumaron la preocupación por la acumulación de malezas y vegetación seca ante la proximidad de la temporada de mayores temperaturas y el riesgo de incendios.
La respuesta municipal
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la respuesta que brindó el municipio a un reclamo formal presentado el 8 de julio de este año.
El 16 de julio, la Dirección de Asuntos Jurídicos contestó que los propietarios no abonaban la tasa de conservación y mantenimiento de calles y que, por ese motivo, "el servicio no se presta".
Para Massucco Guarrochena, esa contestación constituye uno de los elementos que deberá analizar la Justicia. El abogado sostuvo que el municipio conoció el proyecto durante cuatro años, supervisó las obras, formuló exigencias y finalmente otorgó la aprobación, pero luego justificó la falta de mantenimiento en el supuesto incumplimiento tributario de los propietarios.
Además, los inversores cuestionan que las tasas mencionadas por la Municipalidad ni siquiera habrían sido dadas de alta y puestas al cobro para ese desarrollo. Por eso, consideran contradictorio que se les reproche no pagar un tributo cuya liquidación depende de la propia administración.

"Una calle pública no se mantiene únicamente para quien paga una tasa. Forma parte de un sistema destinado al uso de toda la comunidad", planteó el abogado. En ese sentido, consideró que el criterio municipal también debería analizarse en relación con otras calles y caminos utilizados por vecinos, productores y transportistas.
Cuestionan un trato desigual
Otro de los aspectos que los denunciantes pretenden que se investigue es el tratamiento que reciben otros desarrollos inmobiliarios de Toay.
Según plantearon, mientras a este emprendimiento se le exigieron durante años sucesivas adecuaciones técnicas, obras y desembolsos millonarios, en otros casos el accionar municipal habría sido más flexible.
La presentación solicitará que se revisen las órdenes de trabajo, el uso de la maquinaria municipal, la situación tributaria del loteo y los criterios aplicados a otros emprendimientos.
Los inversores consideran que las diferencias de tratamiento ameritan una investigación para determinar si responden a razones técnicas o si existieron privilegios en la actuación municipal.
También cuestionaron que, mientras durante meses la explicación oficial habría sido que las máquinas estaban rotas, esos mismos equipos realizaban tareas de limpieza y mantenimiento en un condominio al que, según afirmaron, no se le exigieron las mismas obras.
De acuerdo con el comunicado, al 20 de octubre las calles continuaban prácticamente en las mismas condiciones, pese a los reclamos realizados ante el municipio.
Ahora, la denuncia buscará determinar si la falta de mantenimiento respondió a una deficiencia administrativa o si las decisiones de los funcionarios municipales pueden configurar alguna de las conductas penales señaladas por los inversores. Por el momento, se trata de una presentación impulsada por los particulares y no de una resolución judicial sobre las responsabilidades denunciadas.