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EL DIARIO digital
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El Tribunal de Cuentas de La Pampa volvió a observar el manejo de fondos públicos en la Comisión de Fomento de Unanue. A través de distintas sentencias publicadas en el Boletín Oficial del 6 de noviembre, el organismo formuló nuevos cargos contra las autoridades comunales por pagos superiores a los montos establecidos en los contratos y confirmó otras sanciones que habían sido apeladas.
Uno de los fallos, identificado con el número 2873, corresponde a la rendición de agosto de 2025. Allí, el Tribunal determinó que se habían abonado importes superiores a los pactados con distintos prestadores de servicios, sin que las autoridades pudieran justificar adecuadamente los mecanismos de actualización utilizados.
Las observaciones alcanzaron pagos a cinco proveedores Reisin, Matteazzi, Flores, Ligaluppi y Lorda por diferencias que totalizaron $262.475. Según el organismo, para calcular los incrementos se tomó como referencia diciembre de 2024, cuando correspondía utilizar enero de 2025, fecha de inicio de los contratos.
También se cuestionó un pago de $1.086.500 a Mayra Belén Fernández por tareas de control de contabilización correspondientes a agosto. El contrato establecía honorarios mensuales por $927.200 y la documentación presentada no permitió justificar los $159.300 abonados por encima de ese monto.
Por estas irregularidades, el Tribunal formuló un cargo de $421.775 contra el presidente de la Comisión de Fomento, Aldo F. Araya, y el secretario tesorero, Nelson A. Torres. Ambos fueron emplazados a reintegrar el importe dentro de los diez días posteriores a la notificación, con la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria.
Rechazaron dos apelaciones
Las observaciones no se limitaron a la rendición de agosto. En otras dos sentencias, identificadas con los números 3009 y 3010, el Tribunal rechazó recursos presentados por las autoridades de Unanue contra sanciones correspondientes a abril y mayo de 2025.
En el caso de mayo, el organismo confirmó un cargo de $205.145 por diferencias en contrataciones de servicios y una multa de $439.340,06 por incumplimientos en la presentación de documentación y en los plazos establecidos para responder los requerimientos.
Entre las irregularidades se mencionaron incrementos en honorarios sin respaldo suficiente, gastos administrativos que no contaban con comprobantes adecuados y la presentación fuera de término de documentación vinculada con una obra de cordón cuneta.
En la rendición de abril, el Tribunal también rechazó la apelación y ratificó un cargo de $134.200 y una multa de $420.352. En este expediente, además de las diferencias contractuales, se cuestionó la falta de presentación oportuna de documentación relacionada con un servicio de limpieza en el destacamento policial.
Las autoridades comunales habían argumentado que los incrementos respondían a mecanismos de actualización previstos en los contratos y que no existía perjuicio fiscal. Sin embargo, el Tribunal consideró que las cláusulas utilizadas no establecían procedimientos suficientemente claros para determinar los nuevos valores.
El organismo sostuvo que los contratos celebrados por las comisiones de fomento están sujetos a las normas del derecho público y que las modificaciones de los importes deben contar con respaldo administrativo y documental verificable.
De esta manera, las tres resoluciones publicadas representan cargos y multas por un total de $1.620.812,06, correspondientes a distintos períodos de 2025. De ese importe, $761.120 son cargos por erogaciones observadas y $859.692,06 corresponden a multas confirmadas.