Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La Sala A del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa revocó una sentencia que obligaba a un abuelo paterno a contribuir al pago de la cuota alimentaria de su nieto, al considerar que su situación económica y de salud le impedía afrontar esa responsabilidad sin poner en riesgo su propia subsistencia.
El fallo, dictado este jueves 12 de noviembre por los jueces Eduardo Fernández Mendía y José Sappa, hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la defensora civil Alejandra Arce y dejó sin efecto la obligación que había sido establecida en primera instancia y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones.
El conflicto judicial comenzó en abril de 2024, cuando la madre de un niño inició una demanda para aumentar la cuota alimentaria que debía pagar el padre. La Justicia fijó una contribución mensual de 180.000 pesos, actualizable según los incrementos salariales de los empleados públicos provinciales.
Además, dispuso que los abuelos paternos debían completar el pago en caso de incumplimiento total o parcial del progenitor, aunque estableció que no podía descontarse más del 5% de los haberes de cada uno.
El abuelo cuestionó esa decisión porque entendía que existía una contradicción: por un lado, se lo obligaba a responder por la totalidad de la cuota y, por otro, se limitaba el descuento al 5% de sus ingresos. Según planteó, esa interpretación podía generarle una deuda mensual por la diferencia que no alcanzara a cubrir.
Una jubilación comprometida
Al analizar el caso, el STJ tuvo en cuenta que el hombre tenía 66 años, se había retirado obligatoriamente de la Policía por incapacidad y padecía una enfermedad oncológica.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en mayo de 2024 percibía un haber de retiro de 641.474 pesos. El descuento del 5% representaba 32.073,70 pesos mensuales, mientras que debía afrontar un alquiler de 380.000 pesos.
Los magistrados calcularon que, después de pagar ambos conceptos, al jubilado le quedaban 229.400,30 pesos para cubrir sus restantes necesidades. Esa cifra era inferior a los 275.518,08 pesos que representaba la Canasta Básica Total para un adulto equivalente en mayo de 2024.
El Tribunal aclaró que esos valores correspondían a la situación acreditada en aquel momento y no necesariamente reflejaban las condiciones económicas actuales.
A ese panorama se sumó la acreditación de una enfermedad oncológica, a partir de un informe del Instituto de Seguridad Social que confirmó que el hombre estaba incluido en el programa de atención correspondiente.
Para los jueces, aunque el descuento representara un porcentaje reducido de la jubilación, debía evaluarse su impacto sobre los recursos que efectivamente le quedaban disponibles.
Los derechos
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la necesidad de compatibilizar los derechos de dos personas en situación de vulnerabilidad: el niño que necesita recibir alimentos y el abuelo que debe garantizar su propia subsistencia.
El STJ recordó que la obligación alimentaria corresponde principalmente a los progenitores y que la responsabilidad de los abuelos es subsidiaria, es decir, puede exigirse cuando los padres incumplen o no están en condiciones de afrontar sus obligaciones.
Sin embargo, aclaró que esa responsabilidad no es ilimitada y debe establecerse teniendo en cuenta las posibilidades económicas, la edad, el estado de salud y las necesidades de quienes deben contribuir.
En ese sentido, sostuvo que "la solidaridad social familiar entre parientes no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante".
Los magistrados también consideraron contradictorio exigir al abuelo que respondiera por la totalidad de los 180.000 pesos y, simultáneamente, limitar su aporte al 5% de la jubilación.