"En La Pampa no se discrimina como hace Nación", afirmó el ministro Pascual Fernández en Quemú Quemú
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EL DIARIO digital
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La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, confirmó que la recaudación correspondiente al pago de las cuotas de viviendas sociales registró un descenso del 10% en los últimos meses. La funcionaria atribuyó la contracción al impacto del contexto económico nacional en las familias de la provincia y diferenció los casos de imposibilidad financiera de aquellos vinculados al incumplimiento voluntario.
Riboyra indicó que el organismo mantiene un seguimiento prioritario sobre los niveles de recupero financiero.
En declaraciones a Infopico Radio, la titular del IPAV explicó que el retroceso en los ingresos responde al deterioro de las condiciones de empleo y al aumento del costo de vida en los hogares pampeanos. En ese sentido, remarcó la distinción entre quienes atraviesan dificultades económicas de aquellos adjudicatarios que desatienden la obligación sin justificación.
"Una cosa es no querer pagar y otra cosa es no poder pagar. La realidad es que nadie deja de pagar su casa porque no quiere o no le interesa. Hay un gran compromiso de los pampeanos en cumplir, pero son muchas las familias que hoy manifiestan problemas económicos", manifestó Riboyra.
Frente a este escenario, la funcionaria detalló los mecanismos de contención que dispone el instituto para atender la morosidad involuntaria y evaluó las perspectivas económicas para el sector.
"Muchas familias manifiestan problemas económicos", sostuvo Erica Riboyra.
El IPAV cuenta con atención personalizada y abordaje social y a través de un equipo técnico y social en sus delegaciones —incluida la sede de General Pico— evalúan de manera particular la situación de cada familia afectada por la pérdida de empleo o la reducción de ingresos.
Además, se realiza un tratamiento diferencial de mora y se establecen esquemas de acompañamiento para quienes buscan regularizar su deuda o acreditar vulnerabilidad social, mientras que se aplican acciones administrativas sobre adjudicatarios que manifiestan desinterés en habitar o abonar la vivienda.
Riboyra advirtió que la tendencia difícilmente cambie en el corto plazo debido al rumbo de la política macroeconómica nacional, la cual —sostuvo— no prioriza el desarrollo productivo ni la generación de empleo formal.
