Redujeron a diez años la pena de un condenado por abuso sexual de niñas

La Sala A del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa redujo de once a diez años de prisión efectiva la pena impuesta a un hombre de Victorica condenado por abusos sexuales contra menores de edad. La decisión, adoptada mediante el Fallo 59/26 del 4 de noviembre, hizo lugar parcialmente a un recurso presentado por la defensora oficial María Soledad Trímboli, que había pedido una pena única de ocho años, y modificó la sentencia dictada en primera instancia por el juez de audiencia Carlos Federico Pellegrino.

El caso comprende dos procesos judiciales. En marzo de 2023, el hombre había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por la guarda, en perjuicio de dos niñas. En el segundo proceso, cuya sentencia fue dictada el 8 de julio de este año, la acusación comprendía cuatro hechos de abuso sexual, ocurridos en 2016, 2019 y 2020. El juez Carlos Federico Pellegrino lo encontró culpable de dos de ellos: abuso sexual simple agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de dos nietas suyas. Por las otras dos imputaciones fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda.

Por los delitos acreditados le impuso una pena de ocho años de prisión que, al unificarla con la condena anterior, dio lugar a un monto único de once años de cumplimiento efectivo.

La unificación

La defensa cuestionó la valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes, además de considerar que se había vulnerado el principio de proporcionalidad. También objetó el procedimiento utilizado para unificar las condenas y sostuvo que el magistrado había excedido sus facultades al interpretar que la Fiscalía había solicitado ocho años por los nuevos delitos, a los que luego sumó los tres de la sentencia anterior.

Al revisar los registros del debate, las juezas María Eugenia Schijvarger y María Antonella Marchisio comprobaron que el fiscal había solicitado una pena única de once años, considerando la condena anterior y los cuatro hechos incluidos en la acusación. El Tribunal entendió que ese monto contemplaba el conjunto de las imputaciones, aunque finalmente dos de ellas terminaron en absolución.

El TIP consideró que el juez había aplicado incorrectamente las reglas de unificación. Explicó que los hechos por los que el hombre fue juzgado en 2026 habían ocurrido antes de la condena dictada en marzo de 2023. Por esa razón, correspondía aplicar las reglas del concurso real y establecer una pena única por todos los delitos, sin mantener la condena anterior como una sanción independiente ni sumar mecánicamente ambas penas.

Las magistradas señalaron que, por las fechas de los abusos investigados —2016, 2019 y 2020—, debía aplicarse el artículo 58 del Código Penal según la legislación vigente al momento de los hechos. Esa normativa permitía utilizar el método composicional para unificar las condenas, a diferencia de la modificación legal posterior, que estableció la suma aritmética como única alternativa.

Las agravantes

El TIP advirtió que existían circunstancias agravantes que impedían reducir la sanción hasta los ocho años pretendidos por la defensa en su recurso. Entre ellas mencionó la pluralidad de víctimas menores de edad, la mayor vulnerabilidad derivada de la edad y del género, el vínculo familiar del acusado con dos de las niñas, que eran sus nietas, y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.

También ponderó la reiteración prolongada de los abusos en el tiempo y que todos los hechos correspondían a delitos contra la integridad sexual de niñas, cuya corta edad les impedía comprender el significado de las conductas y consentirlas. Además, consideró las conclusiones de la pericia practicada a una de ellas, que detectó indicadores compatibles con una experiencia traumática por violencia sexual y con la conformación de un cuadro de estrés postraumático.

Con esos elementos y mediante el método composicional, las juezas hicieron lugar parcialmente al recurso de la defensa, mantuvieron las declaraciones de responsabilidad penal por los delitos acreditados y modificaron la pena única, que quedó establecida en diez años de prisión efectiva.