Millonario cargo contra la sucesión de un exjefe comunal por rendiciones irregulares

Los herederos del fallecido presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, Ángel Marcelo Gutiérrez, quedaron alcanzados junto con el exsecretario-tesorero Carlos Martín Videla por cargos que superan en conjunto los $33,3 millones, a partir de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas de La Pampa en cuatro rendiciones mensuales de la comuna.

Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 3743 y corresponden a los balances de diciembre de 2024, enero, mayo y junio de 2025. En todos los casos, el organismo formuló cargos de manera solidaria contra Videla y quienes resulten herederos o sucesores de Gutiérrez.

Los montos ascienden a $3.555.953 por diciembre de 2024, $3.221.298 por enero, $8.350.293,55 por mayo y $18.199.128,84 por junio. En total, los cuatro cargos alcanzan los $33.326.673,39.

El caso tiene una particularidad jurídica: Gutiérrez murió el 19 de julio de 2025 en un siniestro vial, cuando todavía había rendiciones de su gestión bajo análisis. A partir de su fallecimiento, el Tribunal suspendió los plazos de los procedimientos para garantizar el derecho de defensa de sus eventuales herederos.

Luego requirió información a la Justicia provincial y constató la existencia del expediente sucesorio "Gutiérrez, Ángel Marcelo s/ sucesión ab intestato", tramitado ante el Juzgado Nº 2, donde se dictó declaratoria de herederos el 2 de febrero de 2026.

Una vez identificados los sucesores, el organismo levantó la suspensión y continuó con las actuaciones. En los expedientes consta que una representante del heredero declarado compareció ante el Tribunal y explicó las dificultades para reunir documentación de una administración en la que no había intervenido, aunque manifestó voluntad de colaborar.

El cargo más alto, en junio

La situación más significativa surge de la rendición de junio de 2025, sobre la cual el Tribunal formuló un cargo por $18.199.128,84.

Entre las observaciones aparece la falta de recibos de haberes de dos empleados comunales, José Nicolás Galván y Daniel Gustavo Aguilera, por un total de $2.502.953. La liquidación de esos salarios figuraba en la documentación, pero no fueron aportados los recibos exigidos para respaldar los pagos.

También se observó la compra de un termotanque por $343.660 cuyo destino y correspondiente incorporación al inventario no fueron acreditados.

En otro punto, los auditores cuestionaron la compra de un equipo Starlink por $545.173,32, ya que no se informó el número de inventario asignado. A ello se sumaron $938.250 por limpieza y mantenimiento de aires acondicionados comunales, respecto de los cuales tampoco se identificaron los equipos mediante sus números de inventario.

El Tribunal formuló además un cargo de $4.082.245,94 por distintas erogaciones para las cuales no se presentaron comprobantes respaldatorios suficientes. Allí aparecen pagos a Saratov SRL, Massi Ángel, Urquiza María, Coria Mónica, Galván Joaquín y Videla, Telefónica Móvil Argentina SA y Estación de Servicio General Victorica SA, además de otro gasto por $701.199,87 en el que no se detalló proveedor, factura ni destino.

A eso se agregaron $1.837.640 en reparaciones y servicios mecánicos sobre vehículos y maquinarias cuyos números de inventario no fueron informados, por lo que no pudo acreditarse que las erogaciones correspondieran efectivamente a bienes del patrimonio comunal.

Combustible y SIRCREB

Uno de los rubros más importantes fue el combustible. El Tribunal observó un pago de $4.047.174,79 a Petro-Toay SA sin documentación respaldatoria válida y otros $1.852.320,26 por combustible adquirido a Juan Lihour y Clementino Galván, respecto del cual se requirieron la factura original y los remitos de las operaciones.

Otro punto alcanzó a ocho retenciones bancarias del SIRCREB por $1.749.711,53. El Tribunal reclamó que se explicara por qué la Comisión de Fomento estaba incluida en ese régimen y cuándo se había regularizado la situación.

Al no haber respuesta y considerar que las retenciones no constituyen por sí mismas documentación válida para respaldar una erogación comunal, el organismo incorporó el monto total al cargo.

También fue objetado un pago de $300.000 por una cubierta para el parque automotor que estaba respaldado por una factura que ya había sido utilizada para justificar otra erogación correspondiente a mayo. Ante la falta de otro comprobante válido, el Tribunal incluyó ese importe dentro del cargo.

Una obligación que alcanza a la herencia

En sus fallos, el Tribunal de Cuentas hace una distinción central entre el cargo y la multa.

Según explicó el organismo, el cargo representa el deber de restituir al Estado montos respecto de los cuales no existe documentación suficiente que permita acreditar la correcta ejecución del gasto. La multa, en cambio, tiene carácter punitivo y se aplica por una conducta u omisión personal del funcionario.

Esa diferencia adquiere relevancia a partir de la muerte de Gutiérrez: la multa se extingue respecto del funcionario fallecido, pero la obligación patrimonial vinculada con el cargo puede alcanzar a sus herederos o sucesores.

Por esa razón, en las cuatro rendiciones el Tribunal formuló los cargos solidariamente contra Videla y la sucesión del exjefe comunal, mientras que las multas fueron aplicadas únicamente al exsecretario-tesorero.

En el caso de junio, Videla recibió además una multa de $439.340,06 por no responder a los requerimientos formulados por el organismo.