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EL DIARIO digital
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La Justicia santarroseña emitió la sentencia condenatoria contra tres empleados municipales acusados de montar una estructura ilícita para sustraer, vender y utilizar bienes, maquinaria pesada y materiales del Estado comunal en beneficio propio.
En el fallo de la Justicia penal de Santa Rosa, dictado por el juez Andrés Olié se dictaron las siguientes condenas para los empleados municipales imputados:
Osvaldo Argentino Rojas: 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos como autor de fraude contra la administración pública (delito continuado - 30 hechos).
Leonardo Gauna: 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de fraude contra la administración pública (delito continuado - 6 hechos).
Miguel Gregorio Díaz: 6 meses de prisión en suspenso como autor del delito de hurto (1 hecho).
Respecto a Eduardo Aníbal Frank, involucrado como chofer municipal en las maniobras, la acción penal quedó extinguida a su respecto por fallecimiento.
Todos los condenados deberán fijar domicilio y someterse por el término de dos años al control del Ente de Políticas Socializadoras.
El fiscal de la causa fue Facundo Bon Dergham mientras que el Municipio santarroseño actuó en el proceso como querellante particular a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, representada por el abogado José Luis Olguín.
Denuncia del municipio
La causa penal se inició tras una denuncia efectuada por las autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa, a través de las presentaciones formalizadas por el secretario de Obras Públicas, Walter Boneff, y el director de Vialidad Municipal, Pablo Piñeiro.
Según la investigación impulsada por el fiscal Facundo Bon Dergham, los hechos transcurrieron entre julio y octubre de 2023. Durante ese período, los condenados utilizaron recursos del corralón municipal —como camiones, retropalas y herramientas— en horario de servicio para prestar prestaciones privadas a contratistas y realizar venta informal de insumos estatales como suelo, áridos, toscas y arena de río.
La prueba pericial resultó determinante para el tribunal: el entrecruzamiento de llamadas y la apertura de los teléfonos celulares expuso las maniobras operativas y la coordinación entre los implicados. "Tenemos que vender algo porque estoy seco. Estoy yendo a la planta", se leyó en uno de los mensajes incorporados al expediente. Asimismo, el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitió identificar un camión rojo utilizado para el traslado no autorizado de los materiales.
Entre las maniobras acreditadas se constató el transporte en al menos cinco oportunidades de tierra municipal hacia un domicilio privado en Anguil, además del envío de 4.600 kilos de arena de río a una propiedad sobre la calle Torres y Lastiri, operaciones concretadas con logística y equipamiento público.
