Convocan a nivel nacional para adoptar a una niña de 10 años
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EL DIARIO digital
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La secretaria adjunta de ADU, Micaela Gaggero, calificó este miércoles de "burla" el ofrecimiento del Gobierno nacional de un aumento del 3% en la paritaria con la docencia universitaria. Según la Ley de Financiamiento Universitario, el incumplimiento de la recomposición salarial para el sector alcanza al 31%.
La gremialista señaló que el paro universitario de este miércoles, que se produjo luego del fracaso de la paritaria, tuvo un acatamiento dispar en la UNLPam, con mayor adhesión en facultades como Exactas y Naturales y Humanas y muy poca en otras, como Económicas y Jurídicas y Salud.
De todos modos, Gaggero sostuvo que la situación de la docencia universitaria se vuelve "insostenible" ante el incumplimiento de la ley de financiamiento por parte del Gobierno nacional. En las últimas semanas, aseguró, renunciaron más docentes para pasar a trabajar en el nivel secundario, donde los salarios provinciales son mejores.
Por otra parte, la dirigente mencionó que hasta el fin de semana se reúne en Bariloche el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas del país. En la última jornada, las federaciones de docentes y trabajadores universitarios y las representaciones estudiantiles tendrán allí participación.
"Hay voluntad de ponerle fecha a una nueva marcha federal universitaria, que será a mediados de septiembre. El conflicto se agudiza ante la paritaria infructuosa", confirmó Gaggero a El Diario.
El gremio también tiene la mira puesta en el plano judicial.
Esta semana, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La cautelar había sido confirmada por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de 2026. El Gobierno había argumentado que los acuerdos alcanzados en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios habían modificado las circunstancias y eliminado el "peligro en la demora".
El juez Martín Cormick consideró que esos acuerdos no alcanzan para dar por superado el conflicto. El acta de junio contempló un aumento salarial del 24,33% para docentes y no docentes —21,33% en junio y 3% en octubre—, una actualización del 20% de los gastos de funcionamiento, $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, para el tribunal, el Estado no logró demostrar que esas medidas hayan solucionado el deterioro de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo y el perjuicio que fundamentó la cautelar. Por eso entendió que continúa vigente el peligro en la demora y que no puede considerarse cumplida ni agotada la medida.
Como consecuencia, la Justicia ordenó mantener la cautelar y avanzar con su ejecución. Antes de resolver sobre el pedido de ejecución presentado por las universidades, le dio al Gobierno un plazo de tres días para informar, con respaldo documental, qué avances realizó, cuál es el estado actual de cumplimiento de los compromisos asumidos y cuál es el grado de cumplimiento de la cautelar en su conjunto. Además, el juzgado reanudó el trámite de la causa principal para avanzar hacia la sentencia definitiva.
