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EL DIARIO digital
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El Poder Ejecutivo provincial ingresará este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reglamentar la administración y percepción del cobro de peajes en las rutas pampeanas. La normativa busca complementar las facultades otorgadas a la Dirección Provincial de Vialidad mediante el Decreto-Ley 577/58, aportando herramientas de gestión pública eficiente sin recurrir a concesiones privadas.
La propuesta legislativa se estructura sobre tres ejes centrales: el esquema de exenciones, la distribución de los recursos recaudados y la creación de un fideicomiso estatal para la administración del sistema.
Exenciones y alcance
El texto establece un abanico de exenciones dirigidas a proteger la movilidad local y los servicios esenciales. Quedarán eximidos del pago de peaje los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, el transporte interurbano de pasajeros, las unidades oficiales y los móviles de emergencia (policía, bomberos, salud pública y defensa civil).
En el caso de los vehículos no radicados en la provincia, la aplicación del cobro o su exención estará sujeta al peso de la unidad y al impacto relativo que genere sobre la vida útil de la calzada.
Destino de los fondos
Deducidos los gastos operativos del sistema, la recaudación neta se dividirá en dos asignaciones específicas:
90% para el Fondo Provincial Vial: Destinado de forma directa a la construcción, repavimentación y mantenimiento de la red caminera de la provincia.
10% para Municipios y Comisiones de Fomento: Se repartirá mediante índices objetivos basados en la extensión de la red vecinal de cada localidad, con afectación obligatoria al mantenimiento de los caminos rurales.
Administración 100% pública
Para la gestión del cobro, el proyecto prevé la creación del "Fideicomiso Rutas Pampeanas", operado a través de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M. La conducción del fideicomiso estará a cargo del propio Directorio de Vialidad Provincial, cuyos integrantes no percibirán adicionales salariales por esta tarea.
Desde el Gobierno destacaron que la elección de una S.A.P.E.M. —que cuenta con representación de la oposición y fiscalización del Tribunal de Cuentas— garantiza que el total de los excedentes generados por el peaje vuelva a la infraestructura pública, evitando el margen de ganancia comercial de un concesionario privado. Asimismo, se adelantó que el sistema priorizará tecnologías de cobro remoto para mantener una estructura operativa de bajo costo.
