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EL DIARIO digital
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Todo comenzó con un negocio de hacienda acordado "de palabra". Hubo animales, guías, cheques que finalmente no se cobraron y hasta una camioneta entregada como parte de pago. Cuando la relación comercial terminó en conflicto, Lucas Damián Hiriart llevó el caso a la Justicia y denunció a José Carlos Montanari.
La Fiscalía investigó, pero llegó a una conclusión: lo que tenía delante no era un delito, sino un conflicto comercial. El 24 de octubre de 2025 archivó la causa y dejó abierta la vía civil para discutir la deuda.
Hiriart, copropietario de Consignataria JP SA, no se conformó. Utilizó una herramienta prevista en el Código Procesal Penal pampeano, convirtió la acción penal pública en privada y decidió continuar él mismo con la acusación.
Ese camino llevó el expediente hasta el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que ahora rechazó un recurso de la defensa de Montanari y permitió que la investigación siga abierta.
Negocio y denuncia
El fallo del STJ permite reconstruir cómo comenzó la historia. Hiriart relató que mantenía una relación comercial con Montanari vinculada con la venta de hacienda. Habían acordado verbalmente una modalidad de consignación: la empresa realizaba compras de animales, las guías eran emitidas a nombre de Montanari y éste debía pagar a la consignataria el equivalente en kilos de carne al año de cada operación.
Según la denuncia, la consignataria concretó operaciones con "Videla" y con otra firma, pero el pago acordado no llegó.
En medio del conflicto aparecieron cheques. Hiriart sostuvo que Montanari se los entregó y posteriormente le avisó que no podrían ser cobrados. También hubo una camioneta entregada como parte del pago y quedaron pendientes, según el denunciante, los gastos correspondientes a los fletes utilizados para trasladar los animales.
Para el Ministerio Público Fiscal, después de analizar la evidencia, la cuestión debía resolverse en el ámbito civil y comercial. Por eso archivó la investigación.
Pero el Código Procesal Penal permite que, ante determinadas decisiones de la fiscalía, la víctima solicite convertir la acción pública en privada. Eso hizo Hiriart.
Como acusador privado consiguió que se formalizara a Montanari por estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal, y posteriormente incorporó nuevas evidencias y pidió ampliar esa formalización.
Dos versiones
Desde entonces, el eje de la discusión es sencillo de plantear aunque todavía no esté resuelto: ¿hubo una estafa o fue un negocio comercial que terminó en una deuda?
La defensa de Montanari sostiene esta última posición, coincidente con la interpretación que había realizado inicialmente la propia fiscalía.
También planteó otra discusión. El abogado Juan Manuel Díaz afirmó que, aun en la hipótesis de que hubiera existido un delito, éste se habría consumado en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, la Justicia pampeana no tendría competencia para investigarlo.
Con esos argumentos pidió el sobreseimiento de Montanari y cuestionó además la ampliación de la formalización realizada por el acusador privado. Los planteos fueron rechazados y la discusión llegó finalmente al STJ.
La Sala B decidió ahora rechazar "in límine" el recurso de casación. Consideró que la investigación todavía está en una etapa preliminar y que las decisiones cuestionadas no son definitivas ni generan por ahora un perjuicio imposible de reparar posteriormente.
El máximo tribunal provincial no dijo que Montanari haya cometido una estafa ni resolvió definitivamente dónde debe tramitar la causa.
Pero sí dejó una consecuencia concreta: aquel expediente que la fiscalía había archivado en octubre de 2025 seguirá abierto. Y será el acusador privado quien continúe intentando demostrar que detrás de aquel negocio de hacienda acordado de palabra hubo algo más que una deuda comercial.
