"Música para el Alma" desembarcó en Santa Rosa
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EL DIARIO digital
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La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de La Pampa rechazó "in límine" el pedido de juicio político presentado contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Verónica Campo y Fabricio Losi. El órgano legislativo consideró que la denuncia presentaba inconsistencias y carecía de los fundamentos jurídicos mínimos para abrir una investigación.
La presentación había sido impulsada por Liliana Ortiz, quien junto a sus hermanos Carlos y Daniel sostiene una disputa judicial desde hace 24 años por la titularidad de la histórica esquina donde funcionaba la confitería La Recova, en Santa Rosa.
La decisión de desechar el planteo de manera directa fue tomada por unanimidad entre los integrantes de la Sala Acusadora: los diputados María Luz Alonso, Patricia George, Espartaco Marín, Julián Aguilar, Enrique Juan y Maximiliano Aliaga Souto, representantes del peronismo, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada.
Las claves del conflicto
El origen del reclamo: El planteo derivó del expediente "Ortiz Elba Liliana c/ Corredera Antonio s/ Desalojo". La denunciante buscaba concretar el desalojo de Corredera tras la anulación de la escritura del inmueble.
Fallo en discordia: En el STJ, el ministro José Sappa votó a favor del desalojo. Sin embargo, la jueza Verónica Campo —integrante de la Sala Civil— y el juez Fabricio Losi —convocado para desempatar— rechazaron la pretensión de la familia Ortiz.
Confusión de figuras legales: Ortiz argumentó que Campo y Losi cometieron mal desempeño al analizar el caso como una disputa de posesión y no como un proceso de desalojo, favoreciendo así a quien consideraba un ocupante con obligación de restituir.
Demora de 24 años: La presentación denunció la violación del principio del "plazo razonable", señalando que una sola de las etapas del expediente demoró 12 años y citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los perjuicios económicos sufridos.
Cosa juzgada: Se acusó a los magistrados de apartarse de resoluciones previas que ya le negaban derechos sobre la propiedad a Corredera, vulnerando la seguridad jurídica y el debido proceso.
A pesar de los cuestionamientos presentados sobre la actuación del máximo tribunal, el filtro legislativo cerró definitivamente la vía del juicio político al ratificar que el descontento con el sentido de un fallo judicial no configura causales de mal desempeño.
