Vuelve el trueque: la crisis, la solidaridad y el sueño de construir una red entre vecinos
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EL DIARIO digital
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Luego de las declaraciones a El Diario de la exdefensora Nacional de la Niñez, Marisa Graham, la pareja conformada por Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz hizo pública una carta abierta en respuesta a los cuestionamientos hacia las familias de contención que solicitan la adopción y culparon al Estado de la situación que actualmente atraviesan.
Los vecinos de Rancul remarcaron que el debate no debe centrarse en la rigidez de un trámite, sino en la protección del vínculo afectivo y el interés superior del menor.
A través del escrito difundido públicamente, la pareja aclaró que nunca pretendieron utilizar el sistema de acogimiento como una vía alternativa para adoptar. Esta declaración surge a partir de las expresiones de Graham, quien manifestó que "si las familias de contención adoptan, se genera una inequidad" respecto de quienes están inscriptos con el fin de una adopción.
La pareja planteó que fue el propio organismo provincial el que alteró el curso habitual de los hechos al convocarlos de urgencia mientras iniciaban su inscripción formal en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA).
En su descargo, Pizzani y Díaz enfatizaron que eran plenamente conscientes del carácter transitorio del programa, pero advirtieron que ningún reglamento puede aplicarse en forma autómata cuando la realidad fáctica fue moldeada por las decisiones de las propias instituciones.
"Nosotros también sabíamos del carácter transitorio. Lo que sostenemos es que ninguna regla puede aplicarse de manera automática cuando la propia actuación del Estado ha creado una realidad completamente distinta. El Estado no nos pidió una tarea administrativa; nos pidió amar, contener, proteger y criar a un bebé como si fuera un hijo", expresaron en el texto.
En ese sentido, remarcaron que el desarrollo de un apego seguro en un lactante es una consecuencia biológica y emocional inevitable del cuidado diario, y no una simple especulación de los adultos.
Cuestionamiento jurídico
Desde la perspectiva legal, los abogados de la familia sostienen que la postura del área de Niñez vulnera principios elementales del derecho administrativo, como la buena fe, la doctrina de los actos propios y la confianza legítima.
"El principio de buena fe impone a la Administración actuar con lealtad y coherencia. La doctrina de los actos propios impide que quien generó una determinada situación jurídica y fáctica adopte luego una conducta incompatible con sus propios actos. Y el principio de confianza legítima protege a quienes organizaron su conducta confiando razonablemente en la actuación estatal", argumentaron.
"El mismo Estado que promovió ese vínculo pretende luego desconocerlo porque ya no resulta compatible con un procedimiento administrativo. Primero exige una conducta y luego reprocha las consecuencias naturales de esa misma conducta. Esa contradicción no es imputable a la familia; es una contradicción institucional", enfatizaron.
Por último, la pareja de Rancul concluyó que los niños "no viven de reglamentos, viven de vínculos", y solicitaron que el Poder Judicial analice la excepcionalidad del caso a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial, evitando trasladar el costo de las incoherencias del sistema al bebé en desarrollo.
