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EL DIARIO digital
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La crisis del Sindicato Gráfico Patagónico y de la obra social Ospida sumó este sábado un nuevo capítulo. Integrantes de la comisión directiva resolvieron por mayoría suspender durante 45 días al secretario general Aníbal Schmidt, impulsar una auditoría externa y convocar a una asamblea extraordinaria de afiliados para el próximo 25 de julio.
La reunión se realizó en la vereda de la sede gremial, ubicada en la calle Río Negro al 300 de Santa Rosa. Los dirigentes aseguraron que otra vez, pese a haber comunicado formalmente la convocatoria, encontraron el edificio cerrado y no pudieron ingresar. Schmidt, el tesorero Daniel Posadas y el protesorero Marcelo Labour habían sido notificados, pero no participaron del encuentro.
El secretario adjunto Felipe Irusta explicó que la comisión también dejó sin efecto las sanciones aplicadas semanas atrás contra cuatro de sus integrantes. Esos desplazamientos, señalaron, habían sido dispuestos únicamente por Schmidt y sin una resolución del órgano directivo, como exige el estatuto sindical.
La interna se profundizó en junio, cuando un grupo mayoritario de la conducción reclamó una reunión para analizar la situación económica e institucional. De acuerdo con la denuncia de los dirigentes enfrentados con Schmidt, después de ese pedido se cambiaron las cerraduras del inmueble, se contrató seguridad privada y se les prohibió el ingreso a las oficinas del gremio y de la obra social.
Ahora, la suspensión deberá ser considerada por la asamblea extraordinaria. En ese ámbito, los afiliados podrán ratificar o rechazar lo resuelto y Schmidt tendrá la posibilidad de ejercer su defensa.
Prestaciones interrumpidas
El conflicto gremial tiene como trasfondo la paralización de Ospida, que mantiene suspendida buena parte de sus prestaciones médicas, farmacéuticas y de internación. La situación afecta a unas 30.000 familias en todo el país, de las cuales alrededor de 7.000 residen en La Pampa.
Los casos más delicados corresponden a pacientes con cáncer y personas que necesitan tratamientos de alta complejidad. Afiliados denunciaron dificultades para conseguir medicamentos, continuar terapias, acceder a internaciones o recibir atención en establecimientos privados.
"El desastre institucional es gravísimo", dijo Irusta. El dirigente remarcó que la principal preocupación no pasa solamente por la cantidad de personas que perdieron la cobertura, sino por quienes no pueden interrumpir sus tratamientos médicos.
A la crisis asistencial se suma la situación laboral de unos 60 empleados de la obra social. Según afirmaron desde la comisión directiva, algunos trabajadores acumulan más de tres meses sin cobrar sus salarios.
Los dirigentes sostienen que Ospida dispone de fondos, pero que las cuentas bancarias quedaron inmovilizadas después de que Schmidt se presentara ante las entidades financieras con una disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud que lo reconocía como presidente de la institución. Esa situación habría impedido realizar cobros, transferencias y pagos a prestadores.
Ante ese escenario, la comisión aprobó la contratación de una auditoría independiente para establecer el estado patrimonial y financiero de la entidad. Sus integrantes aclararon que no pretenden adelantar responsabilidades, pero consideran indispensable revisar la documentación y determinar el movimiento de los recursos.
Denuncia y expulsión
Schmidt quedó en el centro de la controversia después de su expulsión definitiva de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines. La decisión fue adoptada en abril, durante el 32° Congreso Extraordinario de FATIDA, luego de conocerse una auditoría sobre las cuentas de Ospida.
Ese informe describió un fuerte crecimiento de la deuda prestacional, pagos sin suficiente respaldo documental y transferencias cuyo destino debía ser esclarecido. La conducción nacional promovió además una denuncia penal para que la Justicia investigue las presuntas irregularidades.
Schmidt rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que su desplazamiento fue consecuencia de una interna gremial. También sostuvo que las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales fueron irregulares y que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades.
Mientras las presentaciones avanzan en distintos ámbitos administrativos y judiciales, los afiliados continúan sin una respuesta concreta. La comisión directiva informó que ya realizó planteos ante la Superintendencia de Servicios de Salud y espera una definición que permita normalizar las cuentas, retomar los pagos y restablecer las prestaciones.
La asamblea extraordinaria del 25 de julio aparece ahora como una instancia decisiva para definir la conducción del sindicato. Sin embargo, los dirigentes advirtieron que la urgencia inmediata es recuperar el funcionamiento de la obra social y garantizar la continuidad de los tratamientos que no admiten demoras.
