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EL DIARIO digital
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La diputada provincial del PRO Celeste Rivas presentó un proyecto de ley para garantizar condiciones de igualdad en el examen teórico destinado a la obtención y renovación de la licencia de conducir para personas con diagnóstico de dislexia u otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).
La iniciativa establece que los Centros de Emisión de Licencias de Conducir de toda La Pampa deberán ofrecer adaptaciones en la modalidad de evaluación, sin modificar el contenido ni la exigencia del examen. Entre las herramientas previstas figuran la lectura asistida de las preguntas, sistemas de audio, modalidad oral, tiempo adicional, materiales con tipografía accesible y apoyo visual mediante imágenes o pictogramas.
El proyecto surgió luego de la participación de Rivas en la jornada "Dislexia y otras DEA. Una educación sin barreras", realizada en el Congreso de la Nación y organizada por la Comisión de Educación junto a DISFAM Argentina, la Organización Internacional Dislexia y Familia.
"Vengo trabajando en esta agenda porque conozco de cerca lo que significa para una persona con dislexia enfrentarse a un sistema que no está pensado para ella. Este proyecto surge de ese compromiso y de lo que pude aprender en ese encuentro: personas que conocen perfectamente las normas de tránsito y están en condiciones de manejar, pero quedan fuera del sistema porque el examen termina midiendo velocidad de lectura y no conocimiento real", explicó la legisladora.
La norma aclara que las adaptaciones propuestas no alteran la rigurosidad de la evaluación, sino únicamente su formato. Para acceder a esas condiciones, la persona solicitante deberá presentar un certificado médico con diagnóstico de dislexia o DEA emitido por un profesional especialista.
"La dislexia no afecta la capacidad de comprender las normas de tránsito ni la idoneidad para conducir. Lo que hay que cambiar es el formato del examen, no lo que se exige saber", sostuvo Rivas.
De aprobarse, la ley regirá para todos los Centros de Emisión de Licencias de Conducir de la provincia. Además, designa al Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa como autoridad de aplicación, con facultades para celebrar convenios con universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática.