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EL DIARIO digital
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Gestiones y reclamos del Consejo Profesional
El encuentro, realizado el pasado 9 de junio, tuvo como eje central la preocupación por la reglamentación de las Resoluciones Generales N° 20/2025 (CABI) y N° 05/2026, referida al Certificado de Cumplimiento Fiscal.
La entidad ahora emitió un comunicado. Reveló que durante la audiencia, los representantes de los profesionales de Ciencias Económicas reiteraron los puntos críticos ya presentados en una nota formal el 22 de abril, exigiendo soluciones concretas ante las inconsistencias detectadas en la aplicación práctica de estas normativas.
El Consejo ante el ministro Bisterfeld rafició el pedido de suspensión inmediata de la vigencia de las resoluciones sobre el CABI, Compensaciones (N° 21/2026) y el Certificado de Cumplimiento Fiscal, hasta que se logren subsanar los errores del sistema.
Además pidieron la revisión del sistema de control, solicitando que su uso se limite exclusivamente a casos donde existan diferencias significativas, eliminando así los efectos sancionatorios automáticos e inmediatos que afectan a los contribuyentes.
Como respuesta a estas gestiones, el ministro Bisterfeld se comprometió formalmente a brindar una respuesta a la nota presentada por la institución.
Respaldo legislativo y críticas al "Estado sospechoso"
Esta acción gremial coincide con el pedido realizado desde la Cámara de Diputados por el legislador Enrique Juan (PRO), quien presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo brinde información "clara y completa" sobre el funcionamiento del CABI. Juan advirtió que el sistema actual obliga al contribyente que cumple a "demostrar permanentemente que no hizo nada mal".
Según el diputado, el reclamo no busca frenar la modernización, sino garantizar que las herramientas de control fiscal sean transparentes y razonables. "El Estado no puede tratar como sospechoso al que trabaja", sentenció Juan, señalando que la economía provincial ya se encuentra "asfixiada por la presión impositiva".
El pedido de informes en la Legislatura busca conocer qué datos utiliza el CABI, qué criterios aplica la Dirección General de Rentas para generar observaciones y qué garantías tienen los ciudadanos para defenderse de posibles errores del sistema. Por su parte, el Consejo Profesional reafirmó su compromiso de mantener los canales de diálogo técnico abiertos, actuando como nexo ante normativas que alteran la labor diaria de sus matriculados.