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EL DIARIO digital
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El proyecto de ordenanza, impulsado por Iñaki Esponda y respaldado por organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), propone la creación del "Área de Inmobiliaria Municipal – División Alquileres" (IMA) y un Registro de Viviendas en Alquiler.
La iniciativa surge como una respuesta institucional a lo que el texto define como una "problemática habitacional de carácter estructural" que afecta directamente a familias y personas inquilinas, agravada por la disparidad entre los requisitos financieros para acceder a una vivienda y los ingresos reales de los ciudadanos.
El diagnóstico: Crisis, desregulación y vulnerabilidad
Los fundamentos del proyecto ofrecen un duro diagnóstico sobre la situación actual en Santa Rosa. Se destaca el incremento de asentamientos informales y la incapacidad de muchas familias para acceder a viviendas por los canales formales. Según el documento, esta situación se vio "exacerbada" tras la derogación de la Ley de Alquileres N.º 27.551 mediante el DNU 70/2023 del Ejecutivo Nacional, lo que generó una fragmentación y dispersión del mercado que dificulta la transparencia y el acceso equitativo. En rigor, el déficit habitacional tiene décadas en La Pampa con foco en las ciudades de Santa Rosa y General Pico.
El proyecto sostiene que el acceso a la vivienda es un derecho consagrado constitucionalmente y que el Estado Municipal debería arbitrar los medios para garantizarlo, superando la mirada "meramente legalista" que reduce el alquiler a un contrato entre privados.
En este sentido, apunta que los inquilinos enfrentan costos "altísimos" de comisiones, sellados y depósitos, además de requisitos de garantías que no se condicen con los bajos porcentajes de ejecución de las mismas, funcionando en la práctica como un "resguardo para los propietarios" que solo representa un gasto para el inquilino.
Estructura y objetivos de la IMA
La propuesta establece que la Inmobiliaria Municipal funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos. Sus objetivos principales (Art. 3°) incluyen: Facilitar el acceso a la vivienda de manera sencilla y justa; Producir políticas para expandir el mercado inmobiliario, haciéndolo más inclusivo y promoviendo la puesta en uso de viviendas ociosas; Reducir los costos que recaen sobre los inquilinos, tendiendo a eliminar intermediarios en la relación locataria ; y Garantizar la transparencia mediante herramientas de información pública sobre la oferta disponible en cada barrio.
Registro y Plataforma Web: El corazón del sistema
Uno de los pilares del proyecto es la creación de un Registro de Viviendas en Alquiler y una Plataforma Web Municipal.
El registro será de carácter voluntario para los propietarios que decidan canalizar sus alquileres a través del municipio, y no implica la sustitución del mercado inmobiliario privado, sino que busca constituirse como una "alternativa municipal adicional".
La plataforma web funcionará como un espacio integral de información y acompañamiento. Según el Anexo I del proyecto, este sistema digital permitirá la publicación y difusión de inmuebles, brindando herramientas de búsqueda filtradas por ubicación y disponibilidad, además de ofrecer modelos orientativos de contratos y guías de trámites para dar mayor seguridad jurídica al proceso.
Un enfoque de alquiler social
El Artículo 6° del proyecto faculta al municipio a diseñar programas de alquiler social con precios por debajo del mercado. Estos programas estarían destinados prioritariamente a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, personas con discapacidad, jóvenes en proceso de emancipación, familias monoparentales y mujeres o diversidades en situación de violencia de género.
Asesoramiento legal gratuito y mediación
Para equilibrar la relación entre locadores y locatarios, la IMA tendría entre sus funciones brindar información, orientación y asesoramiento legal gratuito durante todas las etapas del vínculo locativo.
Asimismo, se propone la creación de una Comisión de Mediación para tratar conflictos de naturaleza individual o colectiva (Artículo 11°). Esta comisión intervendría en disputas sobre valores pactados, renovaciones, estado de habitabilidad de las viviendas, garantías y reparaciones, buscando soluciones a través del diálogo antes de llegar a instancias judiciales.
Herramientas financieras y beneficios
Para incentivar la adhesión al sistema, el proyecto prevé herramientas financieras innovadoras:
Garantías Municipales: Creación de mecanismos de financiamiento y fondos de garantía municipales para contratos de alquiler.
Microcréditos: Gestión de créditos para cubrir gastos de mudanza o pequeñas refacciones.
Beneficios impositivos: Otorgamiento de incentivos fiscales para los propietarios que opten por alquilar sus propiedades a través de la inmobiliaria pública.
La controversia profesional
Pese a las intenciones de sus impulsores, el proyecto ha generado una fuerte reacción en el sector privado. Tal como consta en los asuntos entrados, el Colegio de Martilleros y Corredores de La Pampa ha manifestado su "preocupación" y rechazo, calificando la iniciativa como un atropello a las incumbencias profesionales y advirtiendo sobre la falta de idoneidad de los grupos que promueven la medida.
La discusión ahora queda en manos de las comisiones del Concejo Deliberante, donde se espera un intenso debate entre la necesidad de intervención estatal ante la emergencia habitacional y la defensa de la actividad profesional inmobiliaria
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