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EL DIARIO digital
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Una crítica y alarmante situación institucional atraviesa el sistema de defensa pública en el oeste pampeano. A través de una reciente resolución, el Defensor General de la provincia, Martín Saravia, trazó un duro diagnóstico sobre el vaciamiento de personal, las profundas asimetrías presupuestarias respecto a fiscalías y juzgados, y dispuso medidas de emergencia para evitar el colapso total de las Defensorías Civil y Penal de Victorica.
El documento oficial advierte que "el sostenimiento de estas dependencias no es un mero trámite administrativo, sino una garantía de acceso real a la justicia en una extensa región de baja densidad poblacional, marcada por desigualdades estructurales y enormes distancias". La zona de influencia de Victorica abarca a localidades históricamente postergadas como Loventuel, Colonia Emilio Mitre, Luan Toro, Carro Quemado, Algarrobo del Águila, La Humada y Santa Isabel.
La mayor gravedad radica en el desmantelamiento del recurso humano básico. Originalmente, ambas defensorías contaban con una estructura mínima de cinco trabajadores para contener la demanda diaria. Sin embargo, decisiones administrativas recientes diezmaron la oficina: un trabajador fue trasladado para asistir a un juez; otra empleada fue asignada al Ministerio Público Fiscal de General Pico; un tercer integrante de la planta ingresó al nuevo régimen de retiro y un cuarto empleado se encuentra a escaso tiempo de acceder a su jubilación ordinaria.
"A la brevedad, contaríamos con un solo trabajador para colaborar con ambas defensorías. Esto es de una gravedad inusitada", sentenció el Defensor General, alertando que debilitar estas áreas profundiza las barreras de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. Además, se suma la inestabilidad de la llamada "justicia en comisión": en Victorica, solo dos de los funcionarios son titulares en sus cargos.
Desigualdad
Saravia expuso un fuerte reclamo corporativo y político al visibilizar la disparidad de recursos dentro del Poder Judicial pampeano. Precisó que mientras el Ministerio Público Fiscal supera el centenar de trabajadores, las defensorías penales no llegan a veinte en toda la provincia, lo que representa una diferencia cercana al 90%.
Las defensorías en el Poder Judicial de Victorica verán reducidos sus días de atención.
Esta brecha no condice con la carga de trabajo real, considerando que la defensa pública absorbe más del 90% de las causas de la provincia (llegando al 98% en la etapa de Ejecución de la Pena) frente a la labor de los abogados particulares. "Pasar recursos de las Defensorías hacia las Fiscalías no parece un buen acto administrativo (...). Tampoco lo es hacerlo para cubrir baches a los Jueces", fustigó.
A este escenario se suma la falta de incentivos. La ausencia de una equiparación para toda la magistratura y la falta de categorías o bonificaciones —que sí poseen los ámbitos de Jueces y Fiscales— desalienta a los jóvenes profesionales y genera una constante migración de empleados que abandonan las defensorías. El Defensor General reconoció que se ve impedido de reestructurar funcionalmente los recursos debido a un obstáculo clave: la falta de autonomía del Ministerio Público de la Defensa.
Medidas de emergencia
A los fines de sumar horas de trabajo interno para la tramitación de los legajos civiles y penales acumulados, y evitar una parálisis completa, la Resolución DG N° 08/26 estableció un estricto régimen de excepción.
En primer lugar, la atención al público de la Defensoría Civil y la Defensoría Penal de Victorica quedará restringida únicamente a los días lunes, miércoles y viernes mediante el sistema de turnos. Los días martes y jueves las oficinas permanecerán cerradas a la atención pública.
Además, se informó que mientras persista la emergencia de personal, todas las mediaciones (tanto para partes requirentes como requeridas) se derivarán de forma completa al sistema ad hoc que se financia bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia.
La resolución ya fue comunicada formalmente a los defensores de la provincia, a la Procuración General, al Superior Tribunal de Justicia y al Ministro de Justicia y Seguridad de La Pampa para activar las alarmas sobre la delicada situación en el oeste.
