Prisión efectiva por dos robos y reincidencia para un joven de 19 años
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EL DIARIO digital
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Un nuevo capítulo judicial se dictó en los tribunales de Santa Rosa en torno a la situación procesal de un condenado por violencia de género, que goza de libertad asistida. Jonathan Gunter fue condenado a un año de prisión por lesiones, amenazas y daños en un contexto de violencia de género, pero hace dos meses logró el beneficio de la prisión domiciliaria para asumir el cuidado de sus hijos y permitir que la víctima pueda trabajar.
Esta decisión fue apelada por la Fiscalía de Ejecución Penal y en una nueva audiencia, realizada este miércoles, la Justicia local otorgó el beneficio de la libertad asistida al implicado, aunque bajo el cumplimiento de severas restricciones y reglas de conducta diseñadas para resguardar la integridad de la víctima.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) —representado por la fiscal Carolina Muñoz— adoptó una postura basada en el principio de objetividad procesal. Si bien la fiscalía se había opuesto con anterioridad a un pedido de prisión domiciliaria (recurso que aún se encuentra en trámite y sin resolución), en esta oportunidad no presentó objeciones a la liberación de Gunter bajo los presupuestos del artículo 54 de la mencionada ley. Esto se debió a que los informes técnicos actuales resultaron favorables y encuadrados en los requisitos legales. Sin embargo, la fiscal Muñoz supeditó su postura al cumplimiento de condiciones específicas hasta el agotamiento de la pena, enfatizando la necesidad de imponer un blindaje de seguridad para la víctima, quien compareció en la audiencia y manifestó formalmente su preocupación.
El fallo
Tras escuchar a las partes, el juez de control Edgardo Javier Trombicki resolvió conceder el beneficio de la libertad asistida a Gunter. El magistrado fundamentó su decisión en el estricto cumplimiento de los plazos procesales vigentes y en la ausencia de informes técnicos institucionales que demuestren un estado de peligrosidad actual por parte del condenado.
Para garantizar la seguridad de la denunciante y el proceso de reinserción, el tribunal impuso una serie de obligaciones ineludibles:
Restricción perimetral: Prohibición absoluta de acercamiento a una distancia mínima de 200 metros de los domicilios de la víctima.
Prohibición de contacto: Restricción total de comunicarse por cualquier vía con la mujer damnificada.
Salud y adicciones: Obligatoriedad de someterse a un tratamiento psicológico y la prohibición absoluta de consumir sustancias psicoactivas.
El juez Trombicki fue categórico al advertir al beneficiario que las medidas son de carácter riguroso, enfatizando que cualquier tipo de incumplimiento o violación de las pautas fijadas derivará en la revocación inmediata del beneficio y su consecuente reincorporación a un régimen de encierro efectivo.
Durante el debate, la asistencia legal del imputado estuvo representada por los defensores particulares Nicolás Osvaldo Casagrande Lorences y Vanesa Silvana Ortiz.
