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EL DIARIO digital
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El constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debe rechazar "de forma urgente" el recurso presentado por el Gobierno nacional y permitir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, calificó como "muy grave" la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de promulgar la norma y, en el mismo acto, suspenderla.
"El gobierno de Milei hizo algo muy grave: promulgó una ley y en el mismo acto la suspendió. Es un acto inédito en el sistema democrático argentino, propio de las dictaduras", afirmó el abogado constitucionalista en las redes sociales.
Gil Domínguez advirtió que la situación adquiere mayor gravedad porque se trata de una ley destinada a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de salarios docentes y no docentes, y el sostenimiento de becas estudiantiles.
Según explicó, el Consejo Interuniversitario Nacional promovió una acción judicial junto con una medida cautelar para declarar inválido el decreto presidencial. "Obtuvo una medida cautelar de primera instancia y también en segunda instancia, pero el expediente principal llegó a la Corte Suprema con la suspensión vigente, luego de que el Gobierno consiguiera un recurso extraordinario", detalló.
En ese marco, remarcó que ahora "la palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia" y cuestionó la falta de plazos del máximo tribunal. "La Corte no tiene agenda cronológica, la Corte hace lo que quiere. Entonces, es hora de exigirle que rechace el recurso extraordinario y haga posible el cumplimiento de la medida cautelar", sostuvo.
El jurista también planteó que deberían presentarse "prontos despachos" de manera semanal para reclamar una resolución inmediata. "Si no lo hace, están violando el Código Penal en cuanto castiga la obstrucción o el retraso injustificado de justicia por parte del Poder Judicial", afirmó.
Asimismo, convocó a la comunidad universitaria de todo el país a reclamar públicamente una definición rápida del máximo tribunal. "Hace falta que la comunidad universitaria comience a reclamarle a la Corte Suprema que se expida de forma inmediata", indicó.
Para reforzar su planteo, recordó un antecedente durante la pandemia de coronavirus. "En plena pandemia tardó solamente 17 días para invalidar un decreto de necesidad y urgencia que impedía el retorno a las clases presenciales. No puede pasar más de ese plazo para expedirse sobre un acto de notoria inconstitucionalidad", comparó.
Finalmente, Gil Domínguez advirtió que, a su entender, la decisión del Ejecutivo "afrenta el funcionamiento del sistema democrático" y "le permite al Poder Ejecutivo retraer o hacer desaparecer al Congreso de la Nación".
