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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - Trabajadores y profesionales de la agencia del PAMI de General Pico denuncian una situación insostenible de violencia laboral, maltrato y persecución ideada por la conducción de la delegación. Aseguran que la gravedad de la situación vació áreas críticas del Centro de Atención al público y dejó la atención de los jubilados en estado de vulnerabilidad. Además, afirman que la jefa de la dependencia piquense direccionaría servicios para favorecer a un negocio familiar.
Las denuncias por clima laboral hostil ya se habían formulado públicamente el año pasado, luego de que la administración nacional decidiera cambiar a quienes conducían la agencia local desde hacía varios años, para designar a gente identificada con las ideas libertarias. Todo indica que el clima en la sede de calles 20 y 5 no cambió, sino que se la situación escaló y hoy se traduce en un porcentaje inédito de la planta laboral bajo licencia psiquiátrica prolongada.
La ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento.
Según fuentes internas que pidieron permanecer en anonimato por temor a represalias directas, la jefatura de la agencia a cargo de una profesional sin experiencia laboral previa impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto. Quienes se desempeñan en la oficina señalan que, ante cualquier disidencia o consulta técnica, la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia.
Sin respuestas y blindaje
Los afectados ya recurrieron a la Dirección de Recursos Humanos del PAMI para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral. Sin embargo, las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar "consentimientos de convivencia" en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático.
Ante el rechazo de los trabajadores y trabajadoras, los expedientes fueron derivados a la asesoría legal y el área de recursos laborales, sin que hasta el momento se apliquen medidas de resguardo para las víctimas.
Las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80% del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo en un contexto socioeconómico complejo.
Al mismo tiempo, los denunciantes advierten sobre un presunto "blindaje político" de la funcionaria a cargo, debido a su rol partidario activo como vicepresidenta de La libertad Avanza en la provincia, lo que explicaría la inacción de las autoridades centrales del PAMI para intervenir la agencia.
Frente a la parálisis interna del organismo, los trabajadores damnificados confirmaron que realizarán presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, para exigir el cese inmediato del hostigamiento y garantizar el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia.
Negocios
A las graves denuncias de maltratos laborales que en el último tiempo diezmaron la agencia piquense del PAMI, desde la misma dependencia apuntaron a una presunta incompatibilidad funcional, que se traduciría en el direccionamiento de fondos para favorecer un negocio familiar.
La jefa de la oficina local, Sofía Mascaró de Garate, es hija de un reconocido cardiólogo de General Pico y de una médica propietaria del Instituto de Diagnóstico por Imágenes (DIM), siendo ambos importantes prestadores activos de la obra social de los jubilados y jubiladas.
La situación genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar, lo que explicaría el sistemático hostigamiento hacia el personal administrativo médico de carrera que intenta aplicar los reglamentos vigentes.