Ingeniero Luiggi resuelve problemas históricos de estancamiento de agua
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EL DIARIO digital
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La sentencia, firmada por el juez Sebastián Luis Foglia el 21 de mayo de 2026, puso fin a una investigación que comenzó en las celdas de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal y terminó con condenas de cumplimiento domiciliario para sus responsables.
El "Cerebro" tras las Rejas y la Logística Exterior
La organización no era una estructura aislada, sino que respondía a directivas emanadas desde el pabellón 1 Alto de la Unidad 4. Allí, los internos Ángel Ernesto Rito Moreno y Santiago Emanuel Soncini (desde las celdas 12 y 29) operaban como los líderes estratégicos, coordinando los viajes para abastecerse de droga y la recaudación del dinero.
En el exterior, la figura central era Pablo Martín Gómez Cortez, un hombre de 42 años con instrucción secundaria incompleta y domicilio en Eduardo Castex. Gómez Cortez no tenía un empleo formal registrado, pero sus cuentas de Mercado Pago reflejaban una realidad muy distinta a su baja en el régimen de monotributo desde 2015.
Él era el encargado de la logística: viajaba a Córdoba para retirar la sustancia, la distribuía entre los vendedores locales y administraba los cobros.
Lo que más sorprendió a los investigadores fueron los perfiles de los demás integrantes, quienes utilizaban sus profesiones o comercios como pantalla o complemento de la actividad ilícita.
Mariana Anahí Montero, de 44 años, era empleada de Salud Pública de la provincia, desempeñándose en la Posta Sanitaria del Barrio Federal en General Pico. Pese a su rol en el sistema de salud, las escuchas telefónicas confirmaron que coordinaba entregas de dosis con clientes habituales, utilizando términos como "Gerardo" (para la cocaína) y fijando precios de mercado negro en plena jornada.
Por otro lado, Juan Antonio Blanco Contreras, conocido como "Tony", de 32 años, era el propietario de una rotisería en Eduardo Castex. Su comercio no solo despachaba comida; "Tony" funcionaba como un nodo de distribución en su localidad, rindiendo cuentas constantes a Gómez Cortez sobre lo recaudado por la venta de "faso" y "g" (gramos de cocaína).
La cuarta integrante condenada, Rocío Evelyn Pajón, de 28 años, operaba en General Pico. Su función era el comercio al menudeo, manteniendo una relación de dependencia directa con los líderes carcelarios para hacerse de la droga que luego vendía por su cuenta.
El Millonario Negocio de la "Blanca" y el "Verde"
La magnitud económica de la banda quedó plasmada en las pericias financieras y las escuchas. En un solo diálogo, Gómez Cortez admitió tener pendientes de entrega 6.400.000 pesos a los líderes en la cárcel. Por su parte, "Tony" Blanco Contreras llegó a transferir a la cuenta de Gómez Cortez la suma de 2.647.000 pesos en un periodo de apenas tres meses.
Los precios de las dosis fluctuaban según la calidad. Las escuchas revelaron transacciones donde el gramo de cocaína se vendía a 34.000 pesos ("1 x 34") y la "media" a 18.000 pesos. Incluso se detectaron ofrecimientos de pagos de alta gama: Mariana Montero llegó a ofrecer el pago de una deuda con 17.000 dólares de "cara grande y blanqueados".
El Golpe Final: Un Ladrillo en el Fiat Uno
El principio del fin para la organización ocurrió el 26 de marzo de 2025 en la Ruta Provincial 1. Durante un operativo de control, la policía detuvo un Fiat Uno conducido por Gómez Cortez. El nerviosismo del hombre delató que algo no andaba bien. Confesó que llevaba marihuana para consumo personal. Pero con la ayuda de un can adiestrado, los agentes hallaron debajo del asiento delantero un "ladrillo" de 1.022 gramos de cocaína.
En ese momento, Gómez Cortez confesó con una sinceridad brutal: "Te soy sincero, traigo debajo del asiento un kilo de merca, me la mandaron a buscar a Córdoba". Este secuestro disparó allanamientos simultáneos en Eduardo Castex y General Pico, donde se incautaron balanzas, dinero en efectivo, anotaciones de deudas y más dosis listas para la venta.
Acuerdos y Condenas: Cárcel en el Domicilio
Ante el cúmulo de pruebas —que incluyeron transcripciones de mensajes donde se quejaban de la "humedad" de la droga y la necesidad de "secarla" para la venta—, los imputados optaron por el camino del juicio abreviado. El fiscal Agustín Carestía y las defensas acordaron las siguientes penas, las cuales fueron convalidadas por el tribunal:
Pablo Martín Gómez Cortez: Fue condenado a 6 años de prisión y una multa de 70 unidades fijas como coautor de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por la organización.
Mariana Anahí Montero, Rocío Evelyn Pajón y Juan Antonio Blanco Contreras: Recibieron penas de 4 años de prisión y multas de 45 unidades fijas cada uno. Las mujeres no integraban estrictamente la estructura de la banda (lo que alivió su condena), pero si comercializaban.
Debido a que el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó que la vigilancia con tobillera solo era viable para quienes ya estuvieran en cárceles federales, el tribunal dispuso que Montero, Pajón y Blanco Contreras cumplieran su condena en sus domicilios sin dispositivo electrónico, pero bajo estricta supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Solo Gómez Cortez, quien ya se encontraba alojado en una comisaría al momento del fallo, quedó supeditado a la colocación urgente de una tobillera electrónica para poder acceder al beneficio domiciliario en la casa de su madre. En un detalle particular del fallo, a la empleada de salud, Mariana Montero, se le otorgó autorización para salir de su arresto únicamente para cumplir con sus tareas laborales en el Hospital Centeno.
La banda de Purreta
Hace pocas semanas, a principios de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa homologó acuerdos de juicio abreviado y condenó a nueve integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes que operaba desde el interior de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Santa Rosa. La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Santa Rosa, a cargo de la fiscal federal Iara Silvestre, permitió reconstruir una estructura criminal -comanda por el ex boxeador Víctor Purreta- que abastecía y comercializaba cocaína y marihuana tanto dentro del establecimiento penitenciario como en distintos puntos de la provincia.
La sentencia fue dictada el 4 de mayo pasado por el juez Marcos Javier Aguerrido, quien actuó de forma unipersonal y homologó los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas de los acusados.
