La UCR advierte que ningún loteo podrá avanzar sin proteger el acuífero

El concejal de Santa Rosa, Diego Camargo, afirmó que, más allá de la audiencia pública convocada por el municipio, ningún proyecto inmobiliario sobre la zona de recarga del acuífero Santa Rosa-Anguil podrá avanzar si no cumple con las exigencias técnicas y ambientales fijadas para su proteccion por la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa.

Además, el edil cuestionó que el debate se reduzca al loteo del Santa Rosa Rugby Club cuando existen otros intereses inmobiliarios sobre el sector y reclamó una discusión "integral" sobre el futuro urbanístico de la zona. En las últimas horas, El Diario confirmó que hay un lobby de los dueños de la tierra que pretenden habilitar urbanizaciones sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa. La viceintendenta, Romina Montes de Oca, reconoció que tienen que tomar una decisión y la preocupación por el agua.

Camargo aclaró que, en su caso, solamente tuvo contacto con los representante de Santa Rosa Ruby Cub que estuvieron el año pasado en la comisión del Concejo para explicar el proyecto inmobiliario que tienen entre manos.

Los representantes del club, presentando el proyecto en el Concejo, el año pasado. Sería la "llave" para otros.

"Nosotros como bloque político, y como autoridades públicas que somos, basamos nuestra postura en el deber de preservar el ambiente, en este caso los recursos hídricos subterráneos. Sobre todo, cuando las afectaciones que se pueden causar al agua son irreversibles", dijo el concejal, consultado por El Diario.

"Nos parece bien que se realice una audiencia pública. Lo que lamentamos es que se reduzca al loteo de Santa Rosa Rugby, cuando es sabido que los demás propietarios de la zona tienen intenciones de avanzar con otros proyectos inmobiliarios. Debería darse una mirada integral al tema", advirtió.

La audiencia, una "oportunidad" para el debate

El concejal de la UCR aclaró que "igualmente, la audiencia es una buena oportunidad para que los interesados puedan exponer y para que los concejales que están en duda se nutran de información concreta para definir sus posturas. Se le debe dar amplia difusión", apuntó.

No obstante, aclaró que "más allá de lo que surja de la audiencia, ningún proyecto de loteo va a poder avanzar si no cumple con la Resolución 120/2025 de la Secretaría de Recursos Hídricos, dictada en noviembre del año pasado, en la que establece procedimientos técnicos legales para la aprobación de loteos que representen una amenaza significativa para la calidad de los acuíferos".

El Concejo tiene en sus manos una decisión delicada, con intereses inmobiliarios en juego.

"Esa resolución prevé una evaluación rigurosa que comienza con la presentación de una serie de informes y documentación técnica en el Concejo Deliberante, lo que hasta el momento no ha ocurrido", consignó.

Las exigencias para proteger el acuífero

La Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa aprobó una resolución que obliga a municipios y comisiones de fomento a endurecer los controles técnicos y ambientales para autorizar loteos y fraccionamientos urbanos en toda la provincia. La medida busca proteger los acuíferos subterráneos y prevenir la contaminación del agua frente al avance de desarrollos urbanos sin infraestructura adecuada.

La Resolución Nº 120/25, firmada el 3 de noviembre de 2025, establece que todo proyecto de urbanización deberá presentar un estudio hidrogeológico obligatorio y cumplir con una serie de requisitos vinculados al uso del agua y el saneamiento cloacal.

Entre las principales exigencias, la normativa dispone que los emprendimientos deberán conformar consorcios de usuarios para el monitoreo del uso de aguas subterráneas y que cada perforación cuente con sistemas de control en tiempo real de caudal y calidad del agua, además de dispositivos digitales conectados a la Secretaría de Recursos Hídricos.

La resolución también fija condiciones estrictas para el tratamiento de efluentes cloacales. Los loteos solo podrán aprobarse si prevén conexión a la red pública o presentan sistemas alternativos de saneamiento previamente autorizados por el organismo provincial, incluyendo biodigestores y revestimientos impermeables para evitar filtraciones contaminantes.

Otro de los puntos centrales es que la densidad de construcción de los loteos deberá ajustarse a criterios técnicos que minimicen el impacto sobre los acuíferos estratégicos de la provincia. La validación final quedará bajo evaluación de la Secretaría de Recursos Hídricos.

En los fundamentos, el organismo advierte que numerosos proyectos de urbanización "representan una amenaza significativa para la calidad de los acuíferos", especialmente aquellos que carecen de infraestructura sanitaria adecuada. Además, recuerda que los recursos hídricos pertenecen al dominio público provincial y que el Estado tiene la obligación constitucional de protegerlos.

La normativa aprueba además un documento técnico denominado "Procedimientos técnicos legales para la aprobación de loteos y/o fraccionamientos", que será de aplicación obligatoria en toda la provincia para emprendimientos con potencial impacto sobre las aguas subterráneas.

El trasfondo del conflicto

La discusión por el loteo vinculado al Santa Rosa Rugby Club se convirtió en uno de los debates urbanísticos y ambientales más sensibles de la capital pampeana. El proyecto contempla 171 lotes sobre la zona de recarga del acuífero Santa Rosa-Anguil y, según sectores opositores, podría abrir la puerta a una urbanización mucho mayor sobre unas 177 hectáreas ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 5.

Detrás de la iniciativa aparecen propietarios y grupos económicos que buscan valorizar tierras actualmente restringidas para desarrollos urbanos. Entre ellos figuran la firma VAS S.A., vinculada a la familia Matzkin, además de la Mutualidad del Personal del Banco de La Pampa y el Centro de Acopiadores de Cereales.

Concejales opositores denunciaron presiones para aprobar el cambio de uso de suelo y advirtieron sobre un negocio inmobiliario millonario que podría derivar en viviendas de alta gama y complejos residenciales para más de 4.000 personas.

La audiencia pública fue convocada para el 16 de junio, el mismo día del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una coincidencia que generó críticas y fue interpretada como un intento de reducir la participación ciudadana en un debate atravesado por el riesgo de contaminación del principal reservorio de agua subterránea de Santa Rosa.