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EL DIARIO digital
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El juez federal Juan José Baric se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo ambiental que se presentó en La Pampa contra las reformas a la Ley de Glaciares. Además, al inscribir formalmente la situación ante la Corte Suprema de Justicia, el organismo a su cargo absorberá los planteos similares que se hagan en otros puntos del país.
El amparo colectivo ambiental lo formalizaron el Estado pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chedileuvú y la Asamblea en Defensa de los Ríos.
La medida advierte que la avanzada sobre los glaciares a pedir de las multinacionales mineras impactará de modo negativo sobre el río Colorado. Considera que las modificaciones legales que se hicieron no son constitucionales.
Además, Baric inscribió el amparo colectivo en la Corte. Eso quiere decir que cualquier amparo o acción colectiva que se inicie en el país será tramitada en el juzgado de Santa Rosa.
Esa circunstancia se basa en una disposición de la Corte del año 2016, que para este caso en que los amparos representan un planteo colectivo y comunitario se define que sea un solo Juzgado el que nuclee las presentaciones, para evitar decisiones encontradas en distintos despachos.
La fiscal federal Iara Silvestre ya había dictaminado a favor de la competencia del Juzgado Federal. Ahora, Baric asumió formalmente esa competencia.
Desde ya, resta saber cuál será el paso del gobierno nacional, que se estima que podría cruzar la decisión y proponer que el caso sea resuelto directamente por la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos días, la estrategia judicial pampeana generó polémica. La Fiscalía de Estado salió al cruce de las críticas del diputado provincial de la UCR, Hipólito Altolaguirre.
"El amparo colectivo es una decisión política de no apropiarse del reclamo, sino incluir a las organizaciones ambientales y de defensa de los ríos", señalaron desde el organismo provincial.
Altolaguirre cuestionó que el oficialismo promoviera una acción ante la Justicia Federal local y advirtió que ello podría generar conflictos de competencia y demoras. Frente a eso, desde el Gobierno sostuvieron que la decisión tuvo fundamentos políticos y jurídicos concretos. "La vía elegida permite que todos sean parte. Para concretar esto, solo es posible hacer la presentación en un Juzgado Federal para que la Provincia, la Universidad y las organizaciones de defensa de los ríos puedan ser actores en la demanda", explicaron.
