Ley de Salud Mental: "El problema es el desfinanciamiento"

El presidente del Colegio de Psicólogos de La Pampa, Andrés Oyarce, advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en el área y cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional para reformar la normativa vigente. Aseguró que la ley actual "está funcionando" y que el problema central es la falta de presupuesto y de implementación.

El debate por la posible modificación de la Ley Nacional de Salud Mental generó preocupación entre profesionales pampeanos. El presidente del Colegio de Psicólogos de La Pampa, Andrés Oyarce, sostuvo que la provincia atraviesa una situación "de emergencia" en el área y alertó que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional no resuelve los problemas de fondo.

"En la provincia estamos en una situación de emergencia y justamente se está debatiendo en la Legislatura un proyecto de declaración de emergencia en salud mental. Hay un impacto directo del desfinanciamiento de las políticas en nuestra provincia", afirmó.

Según explicó, uno de los ejemplos más claros es el recorte en las residencias interdisciplinarias. "Vemos el desfinanciamiento de las residencias interdisciplinarias en salud mental que venían formando y continúan formando profesionales que justamente vienen a dar respuesta a la complejidad que estamos hablando", indicó.

Oyarce sostuvo que la normativa vigente cuenta con herramientas suficientes para atender los padecimientos de salud mental, pero remarcó que falta mayor financiamiento. "Consideramos que ese no es el camino sino que el camino es una mayor implementación de la ley con la que ya contamos y con mayor presupuesto", expresó.

En ese sentido, aseguró que la ley actual "está funcionando" y que permite dar respuesta a las problemáticas existentes. "Están dadas las condiciones en ese marco normativo para dar respuesta a lo que nos pasa como comunidades en cuanto a los padecimientos mentales. Implementarla con mayor profundidad y financiarla es la clave", señaló en declaraciones a Cpetv.

También cuestionó una de las discusiones más habituales sobre la normativa vigente, vinculada a las internaciones involuntarias. "Es mentira que no se puede internar a las personas que están en riesgo. Es mentira que no se lo puede hacer involuntariamente. Las garantías son para que nadie sea internado por la fuerza si no lo necesita", aclaró.

Flexibilización

El presidente del Colegio de Psicólogos manifestó preocupación por algunos puntos del proyecto en análisis, especialmente los vinculados a las internaciones sin consentimiento. "Nos preocupa que este nuevo proyecto quiera facilitar o flexibilizar las posibilidades de internar a alguien contra su voluntad cuando no lo necesite", advirtió.

Además, consideró contradictoria la iniciativa del Gobierno nacional en el actual contexto. "Nos alarma un poco y valoramos como contradictorio este proyecto sabiendo cómo vienen siendo las actitudes políticas en el campo de la salud mental del gobierno nacional", afirmó.

Oyarce también remarcó que la situación social y económica incide directamente en el aumento de los padecimientos de salud mental. "Un contenido central de la ley actual es una definición amplia de la salud mental que incluye el acceso a una serie de derechos. La crisis económica y social impacta directamente en estos procesos", explicó.

Finalmente, destacó que la ley vigente fue construida con amplia participación federal, algo que, según dijo, no ocurre con la propuesta actual. "La sancionada en 2010 tuvo un proceso participativo con equipos, profesionales, familiares y usuarios de todo el país. Eso no estamos viendo que esté sucediendo en el caso de este nuevo proyecto", concluyó.