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EL DIARIO digital
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En un frente federal sin precedentes, representantes de 15 provincias argentinas —incluida La Pampa a través del subsecretario Martín Malgá— firmaron un documento de repudio a la reforma regresiva que impulsa el Gobierno nacional. Las autoridades denunciaron que los cambios propuestos atentan contra la Ley 26.657 y pretenden deslindar a la Nación de su responsabilidad de financiamiento, justo cuando el sistema público absorbe la mayor parte de la crisis de salud mental que atraviesa la sociedad.
El comunicado conjunto ratifica que la ley vigente es el marco adecuado, ajustado a estándares de la OMS, y que el verdadero desafío no es normativo, sino presupuestario. "La Ley Nacional no representa ninguna dificultad para dar respuesta; los desafíos se encuentran en la necesidad de aumentar las inversiones y mejorar la infraestructura y los recursos humanos", señalaron los firmantes. Además, alertaron sobre la creciente complejidad de los casos debido a factores sociales y la asfixia que sufren los sistemas públicos provinciales.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la parálisis del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA). Las provincias exigieron la reanudación de este ámbito para coordinar políticas de medicamentos y formación de profesionales, insumos que consideran "indispensables" para la continuidad de los cuidados. "Debemos ser parte vinculante de cualquier discusión en torno a las normas en un país federal", subrayaron los gestores sanitarios.
Además de La Pampa, el documento cuenta con el respaldo de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la mayoría de las provincias patagónicas y del norte argentino. Con este posicionamiento, el bloque regional busca frenar en el Congreso una reforma que, según advierten, dejaría desamparadas a las poblaciones con padecimientos subjetivos y consumos problemáticos al suprimir el piso mínimo de inversión estatal.
