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EL DIARIO digital
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Se trata de recursos que las empresas petroleras abonan a la Provincia como compensación por la extracción de gas y petróleo y que luego se distribuyen a los municipios en el marco de la Ley 2691. En ese sentido, desde la oposición señalaron que no constituyen ingresos generados por tasas locales, sino fondos extraordinarios dentro de la estructura municipal.
En ese contexto, la concejala Celina Rivas explicó el alcance del planteo. "Lo que nosotros queremos es solicitarle al Ejecutivo que nos brinde información de qué hace con esos recursos: si lo utilizó para obras, si fomentó microemprendimientos, si las obras se finalizaron o están en ejecución, porque la verdad que es un monto considerable", expresó en una entrevista con el portal Infotec 4.0, junto a su par Marcelo Grosso.
Según indicó, los balances municipales reflejan los ingresos por este concepto, aunque sin permitir identificar su aplicación concreta.
Otro de los ejes del planteo refiere a la disponibilidad de estos fondos. De acuerdo a lo señalado por los ediles, una ordenanza vigente habilita al Departamento Ejecutivo a utilizar el 100% de las regalías sin afectación específica, pudiendo destinarlas tanto a gastos corrientes como sueldos y funcionamiento como a obras o programas.
Rivas detalló la postura del bloque en ese esquema: "El primer año apoyamos que el Ejecutivo tenga el 100% de disponibilidad, porque la situación era complicada. Pero después propusimos que al menos el 70% se destine a obras y el 30% a gastos corrientes, y eso fue desaprobado". En ese sentido, remarcó que el objetivo del pedido es "conocer la realidad y que todos los vecinos sepan lo que sucede".
El volumen de recursos fue señalado como significativo dentro de las finanzas locales. "Son aproximadamente 200 millones anuales", indicó Grosso, quien comparó esa cifra con otras partidas, como las asignadas a la red terciaria, que mencionó en torno a los 37 millones de pesos anuales.
Además del destino de los fondos, los concejales plantearon observaciones sobre los mecanismos de control y respuesta del Ejecutivo. Señalaron que, si bien existe un plazo de hasta 120 días para contestar los pedidos de informes, algunos requerimientos realizados durante 2025 no fueron respondidos, mientras que otros obtuvieron respuestas parciales o sin el nivel de detalle solicitado.
"Estamos muy complicados con ese tema porque quedaron muchos pedidos sin responder. Y a veces las respuestas llegan incompletas", sostuvo Grosso. En la misma línea, Rivas agregó: "A veces nos dicen 'búsquenlo en los balances', pero ahí no está el nivel de detalle que necesitamos".
El proyecto solicita el detalle mensual de los ingresos por regalías durante 2025, el destino específico de los fondos incluyendo obras, programas o adquisiciones, el estado de ejecución de esas acciones y la documentación respaldatoria correspondiente, como órdenes de compra y licitaciones.
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