El STJ confirmó el desalojo de Chakra Raíz de los terrenos ocupados

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmó el desalojo de un predio ocupado por el grupo Chakra Raíz, una organización que impulsaba la instalación de una aldea ecológica en la localidad de Toay.

La decisión se conoció luego de que el máximo tribunal provincial declarara inadmisible un recurso extraordinario federal presentado por la defensa.

El caso, caratulado "Municipalidad de Toay c/ Morales María Soledad y otros", gira en torno a un conflicto por la ocupación de tierras donde residían varias familias vinculadas a este proyecto comunitario. Con el rechazo del recurso, queda firme lo resuelto en instancias anteriores, que habían ordenado el desalojo.

El planteo había sido impulsado por el abogado de la parte demandada, quien intentó llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su presentación, sostuvo que se había interpretado de manera incorrecta la normativa nacional sobre regularización de barrios populares y advirtió que la medida afectaba derechos vinculados al acceso a la vivienda.

Según argumentó, en el predio vivían más de ocho familias, por lo que el desalojo implicaría un perjuicio grave. También planteó la existencia de "gravedad institucional", al considerar que se estaban dejando de lado leyes nacionales sin declarar su inconstitucionalidad.

Sin embargo, el Superior Tribunal rechazó estos argumentos. Los jueces señalaron que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para ser tratado como un caso federal, ya que no se logró demostrar de manera clara la existencia de una cuestión constitucional directa.

En su análisis, el tribunal remarcó que gran parte de los cuestionamientos se limitaban a expresar desacuerdos con decisiones anteriores, vinculadas a la interpretación de normas de derecho común, lo que no habilita la intervención de la Corte Suprema.

También indicaron que los agravios fueron presentados de forma general y poco precisa, sin una crítica concreta a los fundamentos de las sentencias previas.

En cuanto al planteo de gravedad institucional, los magistrados consideraron que no se acreditó que el caso tenga un impacto más allá de las partes involucradas. En ese sentido, sostuvieron que se trata de un conflicto particular, sin alcance general suficiente como para justificar una revisión extraordinaria.

Además, recordaron que las decisiones sobre la admisibilidad de recursos están regidas por normas procesales locales, que en principio no son revisables por la vía federal.

Con estos argumentos, el tribunal declaró inadmisible el recurso y dejó firme la orden de desalojo del predio ocupado por el grupo Chakra Raíz.

Finalmente, se dispuso que las costas del proceso sean asumidas por la parte demandada y se regularon los honorarios de los abogados intervinientes.

De esta manera, el expediente queda cerrado en la justicia provincial, y el proyecto de aldea ecológica impulsado por Chakra Raíz enfrenta ahora su desenlace tras la confirmación judicial del desalojo.

Asamblea en la Plaza

La Ecoaldea Chakra Raíz convocó a una asamblea abierta para este lunes 13 de abril en la Plaza San Martín de Santa Rosa, desde las 17:30 horas, en el marco del conflicto judicial que enfrenta al barrio con el Municipio de Toay por un pedido de desalojo.

A través de redes sociales, el colectivo llamó a "defender el territorio, la vida y los derechos", invitando a vecinos y vecinas a participar de un encuentro que busca organizar acciones y sostener el reclamo de manera colectiva.

"La consigna central es el rechazo al desalojo y el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.453, vinculada a la protección de barrios populares", dijeron en la convocatoria.

En relación al proceso actual,  los integrantes de Chakra Raíz señalan que la Municipalidad de Toay inició una causa civil solicitando el desalojo. Si bien en primera instancia la resolución no dio lugar a esa medida, la Cámara de Apelaciones avanzó en sentido contrario, lo que derivó en nuevas presentaciones judiciales.

Actualmente, la comunidad indicó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja, al que consideran la última instancia legal disponible. En ese marco, también difundieron la necesidad de reunir fondos para afrontar los costos del proceso.