Ravier sostuvo que las provincias cordilleranas demostraron que pueden cuidar el agua

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, salió a respaldar públicamente la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados y difundió en redes sociales los argumentos del legislador libertario santafesino Nicolás Mayoraz, uno de los principales defensores del proyecto durante el debate parlamentario.

A través de su cuenta en X, Ravier compartió un resumen de los siete puntos que, según Mayoraz, justifican la modificación de la Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El legislador pampeano aclaró que se trata de una síntesis propia del discurso del diputado santafesino y que la interpretación es de su responsabilidad.

El posicionamiento del diputado pampeano se da en medio de fuertes cuestionamientos de sectores ambientalistas y de la oposición, que advierten que la reforma puede abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles para las reservas de agua de la cordillera. 

Ravier no mencionó el robo del río Atuel por parte de Mendoza. Ni que la provincia vecina no cumple con el fallo de la Corte Suprema que ordena garantizar un escurrimiento mínimo y permanenente.

En el hilo, Ravier sostuvo que la reforma "no modifica en absoluto el paradigma de protección ambiental" y que se mantiene la prohibición de intervenir glaciares y geoformas inventariadas. También afirmó que la nueva redacción aporta "claridad y rigor científico", con respaldo de organismos como el CONICET y el IANIGLA.

Entre los argumentos difundidos, el diputado pampeano remarcó además la necesidad de otorgar mayor protagonismo a las provincias cordilleranas en los controles ambientales y en las evaluaciones de impacto. Según el planteo libertario, la reforma elimina el "prejuicio" de que las jurisdicciones provinciales no tienen capacidad técnica para realizar esas tareas.

Otro de los puntos señalados apunta a equilibrar la protección ambiental establecida por el artículo 41 de la Constitución Nacional con el dominio que las provincias tienen sobre sus recursos naturales, reconocido en el artículo 124.

El resumen también menciona que, en los 15 años de vigencia de la norma original, el IANIGLA solo pudo completar relevamientos de primer nivel mediante imágenes satelitales. En ese sentido, la reforma propone que las provincias colaboren con estudios de segundo y tercer nivel para profundizar la información científica.

Finalmente, Ravier destacó que la modificación responde a lo planteado por la Corte Suprema en el llamado "fallo Barrick" y que se inscribe dentro de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo impulsado por el presidente Javier Milei junto a gobernadores.