La Pichihuinca, de una sola mano
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EL DIARIO digital
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Un operativo de inspección articulado por la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) puso al descubierto una serie de irregularidades laborales en campos ubicados en los departamentos Conhelo, Capital y Puelén.
Durante las recorridas, los inspectores constataron que la vulneración de derechos básicos sigue siendo una moneda corriente en ciertos sectores de la producción primaria.
Uno de los puntos más críticos detectados fue el estado de la infraestructura destinada a los peones. Según el informe de los organismos, se hallaron viviendas en condiciones de extrema precariedad, carentes de los servicios básicos y la seguridad necesaria para ser habitadas.
A esto se sumó la desprotección física de los empleados ya que los empleadores no cumplían con la entrega obligatoria de ropa de trabajo. Además, se registró la ausencia total de elementos de protección personal (EPP), fundamentales para las tareas rurales de riesgo.
Salarios
El esquema salarial también presentó anomalías graves. Los inspectores advirtieron que muchos trabajadores desconocían su modalidad de pago o estaban mal categorizados según las resoluciones vigentes.
Entre las denuncias más graves que figuran en las actas se destacan:
Trabajo no registrado: Se identificó al menos a un trabajador "en negro".
Fraude salarial: Falta de recibos de sueldo y ausencia de pago de horas extras.
Cobros ilegales: Se detectaron descuentos indebidos por combustible y falta de registro en la entrega de mercaderías (comida).
Explotación horaria: Incumplimiento sistemático de los descansos obligatorios.
Ante este escenario de "grave vulneración de derechos", los organismos labraron las actas correspondientes e intimaron a los propietarios de los cuatro campos a regularizar la situación en un plazo máximo de cinco días hábiles, con especial énfasis en la registración formal de los empleados.
Desde Uatre y Renatre destacaron que la articulación entre sindicatos y el Estado, sumada a las denuncias de los propios trabajadores, es la única vía para terminar con la precariedad en el ámbito rural pampeano.
