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EL DIARIO digital
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Adrián Nino Bonivardo, quien cumple una pena de 4 años de prisión efectiva por 202 hechos de estafa, pretende que se le aplique una reducción de un año para poder peticionar la libertad asistida en agosto de 2027, en lugar de agosto de 2028. Para ello, presentó certificados de capacitaciones en construcción, cultivos sustentables y tecnología neumática realizados en el INET-CeNet.
El legajo ingresó a Ejecución Penal el 4 de marzo del corriente año y el 13 del mismo mes, el condenado pidió la aplicación del "estimulo educativo". Desde la Fiscalía de Ejecución Penal advirtieron una irregularidad fundamental en el planteo de la defensa: los cursos ofrecidos por el CeNET no fueron realizados en el marco de la ejecución de la condena actual.
Al momento de aprobar esos trayectos, Bonivardo no estaba "procesado" formalmente ni cumplía condena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La ley establece que el estímulo educativo premia el esfuerzo de resocialización durante el cumplimiento de la pena. Haber aprobado cursos mientras se estaba detenido preventivamente no habilita, según los criterios judiciales, a obtener beneficios de reducción de condena una vez dictada la sentencia.
Además de los cursos técnicos, Bonivardo presentó certificaciones de la Organización Internacional de Educación Permanente en modalidad virtual. Ante esto, se ha requerido que la defensa precise el carácter de la institución y si cuenta con el reconocimiento oficial exigido por la Ley de Educación Nacional. Además, solicitaorn informen los contenidos curriculares, el régimen de evaluación y la validez real de los títulos otorgados.
Nuova Viajes
Nino Bonivardo, de 41 años, fue el protagonista de uno de los mayores fraudes turísticos en la historia de La Pampa. Bajo el nombre de la empresa Nuova Viajes, vendió paquetes internacionales y salidas grupales por un perjuicio total cercano a los 900.000 dólares, acumulando 202 estafas .
La investigación probó que Bonivardo recibía el dinero de los clientes (en efectivo o transferencias personales) pero jamás realizaba los pagos a los mayoristas. El caso llegó a niveles críticos en octubre de 2024, cuando grupos de pasajeros en Cuba y Punta Cana descubrieron que sus pasajes de regreso eran falsos, obligando al dueño de la agencia, Daniel Pansa, a costear los vuelos para evitar que los turistas quedaran varados.
Por estos hechos, los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Daniel Sáez Zamora lo condenaron en un juicio abreviado donde el propio Bonivardo admitió su autoría. Ahora, mientras la sociedad aún asimila el impacto del fraude, el condenado —declarado reincidente— intenta acortar su estadía en prisión apelando a una formación académica que la justicia, por ahora, mira con desconfianza.
El caso Grotto
El 28 de abril de 2025, el abogado Juan Grotto fue detenido cuando quedó firme -ante el rechazo de un recurso a la Corte Suprema de Justicia- su condena por abuso sexual. El dirigente político fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por haber cometido abuso sexual simple agravado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente. La víctima fue la hija de su entonces esposa.
Para finales de año, con poco tiempo detenido, Grotto había realizado varios cursos online y obtuvo así una reducción de 5 meses y 5 días en los plazos para acceder a beneficios penitenciarios, similar a lo que busca Bonivardo en su pedido.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible, en la primera semana de noviembre pasado, un recurso de casación presentado por la Fiscalía (a cargo de Marisol Rodriguez) y dejó firme la reducción de la pena por estímulo educativo, lo que acorta los tiempos para acceder a los beneficios del régimen de progresividad penitenciaria.
La fiscal Rodríguez había recurrido la decisión que validó una serie de cursos efectuados por Grotto a través del campus virtual de ARCA. Sostuvo que esas capacitaciones no integran la oferta oficial de educación técnico-profesional prevista por la normativa vigente, que su duración reducida no se ajusta a los requisitos del artículo 140 inciso b de la Ley de Ejecución Penal y que no brindan competencias laborales para la reinserción social.
La funcionaria también planteó su preocupación por la cantidad de cursos aprobados en un período muy breve, lo que —según expuso— podría mostrar un uso instrumental del estímulo educativo para adelantar la posibilidad de acceder a salidas transitorias, libertad condicional u otros beneficios. Para la Fiscalía, la educación debe operar como un proceso formativo real y no como un mecanismo para acelerar plazos, argumento que mantiene ante el pedido de Nino Bonivardo.
