Los rostros de la represión
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EL DIARIO digital
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Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, que inauguró la etapa más oscura de la historia argentina. La dictadura cívico-militar desplegó un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas que dejó 30 mil desaparecidos en todo el país.
Durante años, algunos sectores intentaron instalar la idea de que La Pampa había sido una "isla" en medio de ese mar de terror. Sin embargo, la lucha de las víctimas, el trabajo de los organismos de derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad terminaron por desmontar ese mito.
Hoy, medio siglo después, la reconstrucción histórica permite dimensionar cómo funcionó en la provincia el aparato represivo de la dictadura.
Una provincia pequeña atravesada por el terror
En 1970, La Pampa tenía 172.000 habitantes. Era una provincia de ciudades chicas y pueblos donde la vida transcurría con cierta tranquilidad.
La represión ilegal cambió esa realidad. El miedo, el silencio y el "no te metas" marcaron a toda una generación y dejaron huellas que todavía perduran.
248 víctimas de la represión
Las investigaciones judiciales y los testimonios reunidos en los juicios de la Subzona 14 permitieron identificar al menos 248 personas detenidas ilegalmente, secuestradas o torturadas.
Las primeras detenciones ocurrieron incluso antes del golpe de 1976.
En enero de 1975, la Triple A impulsó detenciones contra estudiantes que habían ocupado pacíficamente la UTN de General Pico. El decano Carlos Agaya se convirtió en marzo de ese año en el primer preso político de la provincia.
En noviembre de ese mismo año, el aparato represivo realizó una razzia contra docentes de la Universidad Nacional de La Pampa y médicos del Plan Provincial de Salud, una experiencia sanitaria de avanzada que generaba resistencias en sectores corporativos.
Antes del golpe también fueron detenidos periodistas —como Pinky Pumilla y Raúl D'Atri— y un grupo de jóvenes pacifistas vinculados al movimiento siloísta.
Tras el 24 de marzo de 1976, las detenciones se multiplicaron. Entre las víctimas hubo funcionarios del gobierno provincial, docentes, estudiantes, sindicalistas, periodistas, artistas, empresarios y militantes políticos.
531 trabajadores expulsados del Estado
El terrorismo de Estado también se expresó en el ámbito laboral.
Un relevamiento oficial registró 531 trabajadores prescindidos de la administración pública —provincial, nacional o municipal— por razones ideológicas o políticas.
Décadas más tarde, un decreto provincial dispuso la reparación de los legajos laborales, una demanda histórica de quienes habían sido expulsados durante la dictadura.
67 pampeanos desaparecidos
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado identifica 67 pampeanos desaparecidos.
Muchos de ellos vivían fuera de la provincia por razones de estudio o trabajo, especialmente en Buenos Aires, Córdoba o La Plata.
Sin embargo, la estructura de inteligencia militar desplegada desde el Regimiento de Toay aportó información para el funcionamiento del aparato represivo.
Centros clandestinos en la provincia
En La Pampa se identificaron al menos seis lugares utilizados como centros clandestinos de detención o espacios de tortura.
El principal funcionó en la Seccional Primera de Policía de Santa Rosa, donde estuvieron cautivas numerosas víctimas.
También hubo detenidos y torturados en:
la Brigada de Investigaciones,
la Seccional Segunda,
la Colonia Penal Unidad 4,
la Unidad 13.
En General Pico, la Seccional Primera también funcionó como centro de detención ilegal.
En Jacinto Aráuz, la comisaría y el puesto caminero fueron utilizados para secuestrar y torturar a docentes del colegio secundario en un operativo realizado en 1977.
En Catriló, dos diputados provinciales secuestrados, Hermes Acáttoli y Roberto Gil, fueron trasladados a dependencias policiales donde fueron sometidos a tormentos.
Represores condenados
Desde 2010 se desarrollaron en la provincia juicios por delitos de lesa humanidad vinculados a la Subzona 14.
Hasta ahora, 16 represores fueron condenados en distintos procesos judiciales. Entre ellos se encuentran exmilitares, exjefes policiales y miembros de grupos de tareas.
Las sentencias permitieron establecer responsabilidades penales y reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en la provincia.
Las deudas de la justicia
No todos los responsables pudieron ser juzgados.
Algunos murieron antes de enfrentar un juicio o fueron apartados por razones de salud. En otros casos no se reunieron pruebas suficientes.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del militar Fabio Carlos Iriart, jefe de la Subzona 14 y interventor federal tras el golpe, que falleció en 2018 sin haber sido condenado.
Memoria en construcción
A medio siglo del golpe, la reconstrucción de lo ocurrido en La Pampa sigue siendo una tarea abierta.
Los juicios, los testimonios de las víctimas y el trabajo de los organismos de derechos humanos continúan ampliando el conocimiento sobre lo sucedido.
La evidencia acumulada a lo largo de décadas dejó en claro algo que hoy forma parte de la memoria colectiva: La Pampa tampoco fue una isla durante la dictadura.
