Luan Toro celebró 118 años con inauguración y obras en marcha
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
En una resolución dictada mediante un juicio abreviado, la Justicia pampeana condenó a Carina Anabel Rekofsky (48), empleada del Hospital Gobernador Centeno, por una sistemática maniobra de fraude contra la Administración Pública. La jueza de control, María Jimena Cardoso, la halló culpable de falsificar reiteradamente certificados médicos para cobrar salarios por días no trabajados.
La sentencia no solo impone una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, sino que establece una sanción administrativa ejemplar: la inhabilitación especial perpetua para ocupar cualquier cargo público en la provincia de La Pampa.
30 certificados en 10 meses
La investigación, encabezada por los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, logró demostrar que entre enero y octubre de 2025, Rekofsky confeccionó treinta certificados médicos apócrifos. Para lograrlo, la empleada utilizó el nombre de un cirujano del mismo centro de salud, simulando íntegramente su caligrafía, firma y sello oficial.
El engaño fue absoluto: la mujer inventaba diagnósticos y días de reposo que nunca existieron. El propio médico damnificado declaró durante el proceso que jamás atendió a la imputada en las fechas señaladas ni le prescribió tratamiento alguno.
Perjuicio millonario al Estado
A través de este ardid, Rekofsky logró que la administración le liquidara haberes de forma irregular. Según el informe detallado de la Contaduría General de la Provincia, el perjuicio económico total ascendió a $10.890.905,61.
En sus fundamentos, la jueza Cardoso remarcó que el accionar de la imputada "lesionó simultáneamente la fe pública y la administración pública", induciendo al error a las oficinas encargadas de gestionar licencias y liquidar sueldos. Al tratarse de un delito continuado, se consideró que hubo un plan sistemático para defraudar al erario público.
Reglas de conducta
Además de la condena y la inhabilitación, Rekofsky deberá cumplir reglas de conducta por el plazo de dos años, bajo el control del Ente de Políticas Socializadoras. Finalmente, la magistrada ordenó notificar la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que se proceda con su exoneración definitiva del ámbito estatal.
