El peronismo pampeano conmemoró los 50 años del inicio del terrorismo de Estado
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EL DIARIO digital
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En medio de una tensa espera frente a los tribunales de Santa Rosa, Lorena May, madre de Daiana Mario, víctima de abuso sexual, alzó la voz para denunciar el abandono institucional y el mal manejo de la causa por la que su hija atraviesa un proceso traumático. La manifestación se dio en coincidencia con el vencimiento de los 46 días de prisión preventiva del acusado, situación que mantiene a la familia en vilo ante el riesgo de que el imputado recupere la libertad.
Lorena May fue contundente al señalar que la familia se siente "a la deriva" desde el inicio del caso. Entre sus declaraciones más fuertes, apuntó contra el desempeño de la fiscalía y la defensa oficial asignada:
Falta de asesoramiento: "La abogada que nos asignaron nos dijo que tiene muchos casos y una familia que atender. Hace un mes que la tiene y recién ahora la conocemos. No sabía ni que mi hija tenía un botón antipánico", relató May, quien calificó el trato recibido como una "tomada de pelo".
Demoras en asistencia psicológica: La madre denunció que recién dos meses después del hecho, y gracias a la presión mediática, lograron conseguir un psicólogo para la víctima. "Mi hija estuvo a la deriva, nadie se hizo cargo", afirmó.
El temor a la libertad del acusado
El principal motivo de la concentración fue el pedido de que el imputado permanezca detenido. La familia teme que la justicia le otorgue beneficios como la tobillera electrónica o la libertad domiciliaria.
"Él goza de beneficios que mi hija no. No queremos un violador libre por el simple hecho de que se entregó", sentenció Lorena.
La madre también expresó su desconfianza hacia el sistema judicial local, recordando antecedentes de otros jueces que otorgaron libertades en casos similares: "Nos manifestamos porque sabemos que hay antecedentes de liberar a imputados en momentos clave. No queremos que esto pase de nuevo".
A pesar de la fragilidad emocional de la joven, la causa sigue su curso con fechas claves: el 18 de marzo se realizará una nueva audiencia y el 20, la víctima prestará declaración en Cámara Gesell, un paso fundamental para la prueba testimonial de la víctima.
Finalmente, Lorena May ratificó que las movilizaciones continuarán ese mismo viernes. "Gracias a la manifestación y a los medios se están moviendo un poco más, porque hasta ahora el caso estaba parado y tapado", concluyó.
Los hechos
La causa se originó el 25 de enero, cuando una vecina de la víctima denunció el hecho ante la policía. Ese mismo día, el juez de control, Carlos Ordás, autorizó allanamientos, a pedido de la fiscalía, de los domicilios de la víctima y del denunciado. También ordenó una restricción de acercamiento.
Al día siguiente se produjo la detención del acusado. En ese momento, a víctima prefirió no hacer la denuncia y declaró ante la policía.
El 27 de enero, se realizó la audiencia de formalización contra el acusado, de apellido Palma, y la fiscalía, a cargo de Alejandra Moyano, solicitó la prisión preventiva del imputado por 45 días y a su vez que sea sustituida por un arresto domiciliario con control electrónico, lo que el juez Ordás otorgó. Aquí cabe recordar que el Código Procesal Penal de La Pampa no permite que, en casos en los que la fiscalía solicita arresto domiciliario, el juez disponga algo más gravoso a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.
La calificación provisoria de la causa es "abuso sexual con acceso carnal", artículo 119 del Código Penal, enmarcado dentro de la ley 26.485, de Protección Integral de la mujer, concursando en forma real con los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo", por un lado, y "daño", por otro.
Posteriormente, el 2 de febrero, se concreta el arresto domiciliario con control electrónico, luego de verificarse la viabilidad técnica.
El 6 del mismo mes, la víctima pide constituirse como querellante y ser representada por una defensora oficial. Cuatro días después, la jueza de control, Florencia Maza, acepta ese requerimiento, y la víctima ya tiene una asesora legal, la Defensora penal Vanesa Ortiz.
El 18 de febrero, a pedido de la fiscalía, la jueza Maza autorizó un allanamiento al domicilio en el que el imputado cumple el arresto y el 26 de ese mismo mes, la jueza Maza autorizó a que la víctima, a pesar de ser mayor de edad, declare en Cámara Gesell como consecuencia de su estado de vulnerabilidad.
El pasado lunes 9 de marzo, la fiscalía pidió una audiencia de reexamen que se fijó para este miércoles a las 12 horas.
