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EL DIARIO digital
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El bloque de Comunidad Organizada, a través de los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto, volvió a presentar un proyecto de ley para la creación de una Mesa Salarial Policial, con el objetivo de establecer un ámbito formal y permanente de negociación salarial y condiciones laborales entre la Policía de La Pampa y la Administración Pública Provincial.
La iniciativa busca "terminar con una discriminación histórica" que afecta a los/as trabajadores de las fuerzas de seguridad, quienes actualmente no cuentan con un mecanismo específico de discusión paritaria dentro del esquema general de la administración pública.
Desde Comunidad Organizada sostienen que el personal policial es parte del trabajo del Estado y, como tal, "debe gozar de los derechos consagrados por la Constitución Nacional", particularmente lo establecido en el artículo 14 bis respecto a condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa e igualdad de remuneración, así como el principio de igualdad ante la ley.
El proyecto establece que la negociación salarial se canalice a través de una Mesa integrada en igualdad de condiciones por representantes del Poder Ejecutivo y por una Comisión de Trabajo Salarial conformada por integrantes de la Policía de La Pampa, elegidos mediante voto secreto. Esa comisión estaría integrada por dos miembros, un varón y una mujer, sin distinción de jerarquía, y podría ser elegida tanto por personal en actividad como retirado, "garantizando así legitimidad y representación real".
La propuesta recupera antecedentes legislativos impulsados por Comunidad Organizada en los años 2012, 2020 y 2024, "reafirmando una posición sostenida en el tiempo": adecuar la legislación provincial a los estándares internacionales en materia de derechos laborales.
En este sentido, el proyecto se interpreta conforme a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la República Argentina, que promueven la negociación colectiva en la administración pública y establecen que la legislación debe determinar el alcance de estos derechos respecto de las fuerzas de seguridad. La ley aprobada N° 3469 de Seguridad Publica y Ciudadana podría haber garantizado de manera efectiva el acceso a esta mesa salarial, pero el titular del Poder Ejecutivo se negó a hacerlo.
"Desde el bloque sostenemos que modernizar las instituciones también implica garantizar derechos laborales básicos. No reconocer un ámbito de discusión salarial para el personal policial constituye una discriminación negativa hacia un sector esencial que presta un servicio público permanente, bajo altos niveles de exigencia y responsabilidad en La Pampa", dijo el bloque.
La creación de la Mesa Salarial Policial "permitirá canalizar las demandas dentro de un marco institucional claro, con reglas transparentes y resoluciones fundadas, fortaleciendo el diálogo, la previsibilidad y significativamente evitar conflictos como los ocurridos en diferentes provincias incluida La Pampa" .
