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EL DIARIO digital
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Comenzó este miércoles en General Acha el juicio oral contra cinco efectivos policiales y una profesional de la salud por las agresiones sufridas por Francisco Vivandelli en marzo de 2020. El caso, que conmocionó a la provincia, busca determinar la responsabilidad penal de quienes debían custodiar la integridad del joven durante el inicio del aislamiento por la pandemia.
La fiscala general subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, Eugenia Bolzan, confirmó que el juicio se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom, lo que ha permitido la declaración de testigos que se encuentran en diversas localidades, como Miguel Riglos y Río Colorado, e incluso personas que están actualmente privadas de su libertad.
Los imputados son seis, cuatro de ellos empleados policiales a quienes se acusa de "vejaciones y severidades". Estos efectivos se encuentran en situación de pasiva desde que se denunció el hecho.
También están imputados el entonces jefe de la Alcaidía y la médica interviniente, ambos por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El Tribunal está integrado por los jueces Carlos Besi, Marcos Sacco y Daniel Sáez Zamora, mientras que ocho abogados particulares se dividen la defensa de los acusados.
Las audiencias continuarán durante toda esta semana y, tras un receso, se retomarán del 24 al 26 de febrero. Se espera que los testimonios de los profesionales médicos y los demás detenidos que presenciaron el hecho sean determinantes para el veredicto final. La víctima ya declaró en Cámara Gesell y esa declamación será exhibida ante el Tribunal y las demás partes intervinientes en el juicio.
"Si aparezco muerto, fue la Policía"
El calvario de Francisco Vivandelli comenzó el 28 de marzo de 2020. El joven, que había sido detenido por una supuesta infracción a la cuarentena, vivió horas de terror dentro de la Alcaidía. Según el testimonio de la víctima (reproducido mediante Cámara Gesell), fue sacado de su celda al patio, obligado a desnudarse y golpeado salvajemente mientras estaba esposado boca abajo. "Me decían que me iban a ahorcar para que apareciera colgado", relató el joven.
Tras la golpiza, el muchacho escribió en un trozo de un paquete de yerba una nota denunciando que si moría no era por su voluntad, sino por el accionar policial. Ese pedazo de papel fue entregado a otro detenido y hoy es una prueba clave.
Alrededor de las 14:00 horas, cuando los policías regresaron a su celda, Francisco cumplió su advertencia: para evitar ser sometido nuevamente a torturas, se arrojó de cabeza desde el camastro de hormigón (a un metro y medio de altura), quedando inconsciente y al borde de la muerte.
Secuelas permanentes
Francisco pasó dos meses y medio internado en terapia intensiva del Hospital Lucio Molas y las consecuencias fueron devastadoras: tuvo pérdida total de visión en un ojo, dificultad severa para hablar (falta de fluidez), incapacidad para caminar por sus propios medios (requiere asistencia constante) y daño psicológico (miedo persistente y shock postraumático).
