La nueva segmentación podría dejar sin subisidio a miles de usuarios

El gerente general de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), Luis Usero, advirtió que la nueva normativa nacional para el otorgamiento de subsidios a la energía eléctrica genera incertidumbre y podría provocar que una parte importante de los usuarios pampeanos pierda el beneficio, especialmente aquellos encuadrados hasta ahora en el nivel de ingresos medios.

En declaraciones a Radio Kermés, Usero señaló que todavía no está disponible toda la información oficial por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, por lo que consideró "aventurado tirar números" sobre el impacto concreto que tendrá la medida en las facturas. No obstante, indicó que "se habla de que el valor de la energía que compra la CPE tendrá una reducción muy fuerte del subsidio del Estado nacional".

El directivo explicó que el esquema de segmentación iniciado en 2024 con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) será modificado. En adelante, para los usuarios residenciales habrá solo dos situaciones: con subsidio y sin subsidio. Según lo que surge de las resoluciones conocidas hasta el momento, el nuevo esquema no se aplicó en enero y, en principio, comenzaría a regir en febrero, aunque aún restan definiciones clave como el costo de la energía, el monto del subsidio y las condiciones de acceso.

Usero detalló que conservarán el subsidio aquellos titulares del servicio cuyos ingresos familiares no superen un determinado umbral medido en canastas básicas del Indec, estimado en alrededor de 3,7 millones de pesos mensuales por grupo familiar. "Se computan todos los ingresos del grupo", aclaró, y agregó que existen múltiples criterios de exclusión: no poseer más de tres inmuebles, no integrar sociedades comerciales, no registrar determinados consumos de bienes como viajes en avión, considerar la antigüedad del vehículo y el cruce de información con distintos organismos del Estado.

"En función de esos cruces, se aplicarán los criterios de exclusión y se perderá el subsidio", señaló, y estimó que "un gran porcentaje de los usuarios que hoy están calificados como de ingresos bajos podría perderlo", mientras que habrá que ver cuántos de ingresos medios logran conservarlo.

En la CPE hay alrededor de 46 mil usuarios residenciales sobre un total de 72 mil suministros. De ese universo, unos 24 mil están categorizados como de ingresos bajos y 22 mil como de ingresos medios. "Por la información disponible, entiendo que estos 22 mil usuarios son los que estarían corriendo mayor riesgo de perder el subsidio", indicó Usero.

Además, advirtió que aun quienes conserven el beneficio verán una reducción indirecta del subsidio por cambios en los topes de consumo subsidiado. Hasta ahora, los hogares de ingresos bajos tenían un límite de 350 kilovatios hora mensuales durante todo el año, y los de ingresos medios de 250. Con la nueva normativa, esos límites se redefinen según zonas geográficas. La Pampa quedó incluida en la categoría "resto del país", lo que implica que durante cinco meses al año el consumo subsidiado será de solo 150 kWh, y el resto del año de 350. "Esto significa que quienes conserven el subsidio igual van a ver reducido el beneficio, porque cambia la cantidad de consumo subsidiado", explicó.

Usero también se refirió a los trámites. Aclaró que quienes ya están inscriptos en el registro y mantienen el beneficio no deberán reinscribirse. En caso de pérdida del subsidio por errores de información, se podrá volver a realizar el trámite, que seguirá siendo digital, aunque la Anses funcionará como "ventanilla" para quienes no tengan acceso a internet o dificultades para gestionar el proceso. En ese sentido, expresó preocupación por las personas que se desempeñan en la economía informal: "No sé cómo van a hacer. Se supone que será ante Anses, pero podrían quedar registrados como si tuvieran ingreso cero".

Finalmente, el gerente general de la CPE alertó sobre el impacto económico y social de la quita de subsidios y la situación de cobranzas. Indicó que desde hace casi un año se observa una leve pero sostenida tendencia a la baja en los niveles de pago. "No es alarmante, no son caídas catastróficas, pero la tendencia preocupa", afirmó. Y advirtió que, si se profundiza, puede afectar la capacidad de la cooperativa para afrontar compromisos, pagar proveedores, impuestos y salarios, y obligar a replantear el ritmo de las inversiones. "No es que no se vayan a hacer, pero cuesta más", concluyó.