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EL DIARIO digital
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El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se sumó a un frente de mandatarios provinciales que comenzó a trabajar para frenar uno de los artículos más sensibles de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Se trata del artículo 191, que reduce el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas y, como contracara, recorta de manera directa la recaudación que reciben las provincias a través de la coparticipación.
La preocupación no es abstracta ni técnica: según los cálculos que circulan entre los gobernadores, si ese artículo se aprueba tal como está redactado, La Pampa dejaría de percibir 32.852 millones de pesos por año, un monto que impactaría de lleno en el financiamiento de salarios, obra pública, salud, educación y servicios básicos.
Según el portal La Política Online, Ziliotto comparte la estrategia con otros mandatarios como Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Martín Llaryora, todos alertados por el mismo problema: la reforma laboral incluye una rebaja impositiva que beneficia principalmente a un puñado de grandes empresas, pero traslada el costo fiscal a las provincias.
El documento que encendió las alarmas fue elaborado por el diputado entrerriano Guillermo Michel, quien advirtió que el proyecto "modifica la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades" y genera una menor recaudación coparticipable. Según ese informe, el beneficio fiscal —equivalente a 0,3 puntos del PBI— quedaría concentrado mayoritariamente en apenas 144 grandes empresas, mientras que las provincias perderían en conjunto 1,7 billones de pesos.
El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, su par de Hacienda y Finanzas por La Pampa, Guido Bisterfeld, y Francisco Devita, el funcionario que relevó de su cargo el fueguino Melella en las últimas horas, leyeron el informe de Michel. El entrerriano asegura que, en total, la Nación les quitaría 1,7 billones de pesos por la exención que tritura la masa coparticipable del impuesto: "¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?", pregunta el legislador.
La discusión se da, además, en un contexto de fuerte tensión fiscal, con caída de transferencias nacionales y mayores responsabilidades que Nación descarga sobre los gobiernos locales.
El malestar atraviesa a todo el mapa político. Incluso gobernadores que mantuvieron diálogo fluido con la Casa Rosada comenzaron a expresar reparos. La discusión parlamentaria, que iba a acelerarse en enero, debió postergarse hasta febrero por falta de apoyos suficientes en el Senado. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para iniciar una ronda de conversaciones con los gobernadores para intentar recomponer respaldos.
Los números explican la resistencia. Según las proyecciones de Michel, la provincia de Buenos Aires perdería más de 366 mil millones de pesos, Córdoba 145 mil millones, Santa Fe 148 mil millones, Mendoza casi 71 mil millones y Misiones 57 mil millones. El impacto, advierten, no distingue entre aliados y opositores del Gobierno nacional.
Las cifras del informe de Michel difieren de las que estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF): Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones). En este caso, La Pampa perdería $20.401 millones.
