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EL DIARIO digital
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El diario porteño La Nación apuntó contra el juez pampeano Marcos Javier Aguerrido por integrar, como subrogante, el tribunal federal de Bahía Blanca que condenó a ex militares y policías por delitos de lesa humanidad y que, en ese mismo fallo, ordenó al diario La Nueva Provincia "rectificar" publicaciones difundidas durante la última dictadura cívico militar, en las que se informaban supuestos "enfrentamientos" que luego fueron acreditados judicialmente como ejecuciones ilegales, secuestros, torturas y desapariciones.
La Nación realzó como "histórico" al diario de Bahía, sin mencionar que actuó como vocero de la represión ilegal y que la empresa incluso facilitó secuestros y detenciones ilegales entre los propios trabajadores del medio durante la época. En cambio, calificó de "polémica" la resolución del tribunal, y publicó un artículo identificando y cuestionando a los tres jueces que firmaron el fallo.
El matutino identificó a los magistrados que intervinieron en el juicio conocido como "Zona V". Los jueces "detrás de la sentencia y la polémica decisión que alcanza al histórico diario del sur de la provincia" son Ernesto Sebastián y Sebastián Luis Foglia, titulares del Tribunal, y Marcos Javier Aguerrido, magistrado en la provincia de La Pampa, que actuó como subrogante.
Jueces cuestionados por ordenar una "reparación"
La publicación apuntó a los jueces Sebastián y Foglia, que son titulares del Tribunal Oral de Bahía Blanca desde 2021, y al pampeano Aguerrido, el tercer magistrado, de quien recordó que "es juez de La Pampa y fue apartado tras un juicio polémico". Los tres resolvieron que el diario La Nueva debe corregir información publicada hace medio siglo. En el mismo artículo se mencionó también la intervención del fiscal general Miguel Palazzani, abogado pampeano.
Con la condena a 31 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el pasado 26 de diciembre el Tribunal Oral de Bahía Blanca le puso punto final al juicio conocido como Zona V. Como parte de la misma resolución, el tribunal ordenó, en una decisión que La Nación calificó de "polémica", que el diario La Nueva haga una rectificación sobre publicaciones realizadas en el periodo investigado, una vez que el fallo adquiera firmeza.
En ese marco, el tribunal acreditó que 36 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en 'enfrentamientos militares', como informó el medio en su momento, hace medio siglo, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.
Sobre esa base, el fallo dispone que La Nueva deberá realizar una nueva publicación como medida 'moralmente reparatoria'.
En el punto 55 de la parte dispositiva de la sentencia, el Tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y querellas y ordenó que, una vez firme la sentencia, el diario La Nueva Provincia publique una rectificación como "acto moralmente reparatorio", dentro de un plazo de diez días.
El alcance de esa rectificación es específico: debe corregir una publicación histórica en la que se informó que numerosas víctimas fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando en el juicio quedó acreditado que fueron secuestradas y, según los casos, torturadas, fusiladas o desaparecidas por fuerzas militares o de seguridad. Además, la orden exige mencionar expresamente la fecha, página y sección donde se publicaron esas noticias.
Un señalamiento a Aguerrido
La Nación, en la parte dedicada a Aguerrido, indicó que es juez titular del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y que actuó como subrogante en el tribunal bahiense, y que fue nombrado en 2012.
A diferencia de sus colegas, contaba ya con experiencia en procesos de lesa humanidad. Actuó en los juicios de la Subzona 14 II y III, en los que se condenó a parte de los miembros de la represión ilegal en La Pampa durante la última dictadura.
La nota se ocupa de recordar una causa judicial de 2018 en La Pampa, en la que el juez "quedó envuelto en una polémica", cuando el Tribunal anuló escuchas telefónicas y absolvió por falta de pruebas a todos los imputados acusados de participar o encubrir el funcionamiento de 'La Chicho Show'", un cabaret de Macachin. El artículo añadió que la decisión fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó apartar al tribunal y realizar un nuevo juicio, criterio luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
Otro pampeano en el juicio
La sentencia de la megacausa "Zona V" fue dictada el 26 de diciembre, en el expediente caratulado "Ayala Felipe y otros s/Privación ilegal de libertad, tortura, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita". El proceso oral había comenzado en 2022: incluyó 155 audiencias, dos inspecciones oculares, 188 testigos y 333 víctimas. Se trató del octavo juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca y el mayor realizado hasta el momento en esa ciudad.
El fiscal general Miguel Palazzani, también pampeano, participó del debate. Es el titular a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y como integrante, desde 2013, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos en Bahía Blanca junto a José Nebbia, con intervención en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad y otras investigaciones en la región.
