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EL DIARIO digital
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El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, afirmó que "era una locura" el traslado de mujeres con niños y una embarazada al penal de Ezeiza y consideró "un error" que se llevara hasta esa prisión a otras tres mujeres mapuches después del desalojo en Villa Mascardi. El funcionario nacional cargó la responsabilidad en la decisión de una jueza y defendió el operativo de las fuerzas de seguridad porque no hubo armas letales ni persecución a las personas.
De todos modos, el funcionario nacional aclaró que tampoco comparte la decisión del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de conformar un "comando" para llevar adelante el desalojo ordenado por la justicia. Pietragalla visitó este jueves Santa Rosa.
Al mediodía estuvo en el espacio de la memoria que se está construyendo al lado de la Seccional Primera de Policía, principal centro clandestino de detenciones durante la última dictadura en la provincia. Antes se había reunido con el gobernador Sergio Ziliotto. En esa instancia, lo abordó la prensa.
"Hay que fortalecer las políticas de derechos humanos", dijo. Y destacó que en La Pampa se aprobó "una ley modelo, la ley de seguridad de la provincia, que anhelamos que esas leyes sean tratadas en las distintas provincias para tener un control de las fuerzas de seguridad, y para que se respeten los derechos humanos en las funciones de las personas a las que el estado les da un arma para cuidar a la sociedad".
Por otra parte, consultado sobre la represión a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, respondió: "Venimos trabajando con la comunidad hace un año y medio, son tres causas judiciales distintas, con lo que tuvo que ver la comunidad en esas tierras, algunas son propiedad de privadas, otras del estado. A partir de la intervención de la secretaria hay un pedido al poder judicial para ser facilitadores de las negociaciones. Eso se hizo durante un año y medio, reuniones de trabajo con la comunidad y el poder judicial que tenía la causa. El estado nacional arbitró todo para poder reglamentar esa permanencia de ellos en ese lugar. Hasta que ellos se bajaron de la negociación".
Pietragalla consideró que "hay que destacar, porque hicimos un esfuerzo muy grande par que puedan tener legalmente esas tierras. Fue un trabajo difícil, el estado empezó a negociar para que sean tierras relevadas por el INAI y a partir de ahí registrar a la comunidad y que puedan acceder legalmente, como otras".
En ese sentido, precisó que "ellos plantean cuestiones ancestrales. Hay una machi, es la única que tiene el país. Ella declaró que ese lugar es sagrado, hay que contemplarlo de una manera diferente. Hicimos todo el esfuerzo, pero la misma comunidad decidió dejar la negociación al no querer registrarse en el INAI como comunidad".
En ese punto, "todo quedó en manos del poder judicial. No podíamos avanzar mucho más. En los últimos acontecimientos hubo incidentes en territorios aledaños, eso hizo que la justicia avance en el pedido de desalojo. El estado cumplió órdenes de la justicia".
-¿La justicia ordenó detener niños? -le consultaron.
-Pidió detener a las personas que estaban ahí. No fue una decisión del Ejecutivo. Estamos en contra, obviamente, nos pidieron el traslado a Ezeiza con madres y niños. Dijimos que eso no iba a pasar. Ni mujeres embarazadas ni con niños. Quedaron en Bariloche y se trasladó a tres mujeres a Ezeiza. No estoy de acuerdo con ese traslado. Tendrían que haber permanecido, como dicen las normativas internacionales, detenidas en el lugar donde hubo el incidente. No estuvimos de acuerdo nunca. Se lo planteamos, teníamos diálogo con la jueza. A partir de que ella nos atiende pos operativo de desalojo, empezamos a mantener comunicación y diferencias con las decisiones. Pero es el poder judicial el que toma las decisiones.
-¿Las condiciones de detención violaron los derechos humanos?
-Hubo una causa. Tiene que ver con lo que declaró la juez y como llevó adelante la causa. Se abrió un secreto de sumario, eso imposibilitaba a los abogados tener acceso a la causa, algo que está mal para nosotros. Arbitramos que tengan contacto con las personas detenidas, desde el primer momento. Esto lo hacemos con cualquiera que llama y nos dice que hay un detenido que el abogado no lo puede ver. Más aún en este caso que tenemos contacto con la comunidad. Claramente, vimos arbitrariedades del Poder Judicial. Que hayan trasladado de vuelta a Bariloche a las tres detenidas tiene que ver con la presión que generamos desde el Poder Ejecutivo. No estamos de acuerdo con las decisiones que se tomaron. Hay miradas distintas, hay una denuncia de un privado y una causa que tiene que avanzar. Estamos atentos con lo que está pasando. Pero hace un año que tenemos relación, cuando nadie lo miraba porque no había conflicto porque estábamos tratando de facilitar lo que reclaman. Nos pusimos a disposición de ellos.
-Pero hay un costo político. Renunció una ministra...
-El Poder Judicial tomó la decisión de cómo llevarlo adelante. No estuvimos de acuerdo tampoco con armar un comando para este tipo de problemáticas. Me puse en contacto con el ministro de Seguridad para que no haya armas letales en el desalojo y no hubo persecución sobre las personas, fue un desalojo y nada más, las personas se fueron para la montaña. Persecución hubo en el gobierno de Macri, cuando Patricia Bullrich dijo que entre Gendarmería y persiga, y murió Santiago Maldonado. También entraron con armas letales y mataron a Rafael Nahuel. Pero la Secretaría es querellante en esa causa, dio vuelta la estrategia de Prefectura Naval para que el caso quede impune y va a haber condenados por un asesinato y dos heridos con armas de fuego, porque se viene un juicio.
-¿Por qué renunció Gómez Alcorta entonces?
-No sé. Es una amiga que respeto y quiero un montón. Ella denunció el traslado y el trato a estas mujeres, fue una clara violación de derechos humanos. Lo sabemos y recomendamos que hagan presentaciones en el Poder Judicial y en organismos internacionales de derechos humanos.
También hubo información falsa, y no solo en TN. En C5N decían que la mujer embarazada fue trasladada a Ezeiza y eso nunca ocurrió. Lo paramos el día anterior. No hay mujeres con hijos en los penales del país. Era una locura. Eso había pedido el Poder Judicial. Solo permitimos que estén en prisión domiciliaria. Los otros traslados lamentablemente no se pudieron negar porque era una orden judicial. Fue un error también.