Probaban un scanner en la U-4 y descubren a un guardiacárcel con droga
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - En los Tribunales de Pico se formalizó investigación por un caso que entrelaza la fe, la economía y una maniobra judicial ilícita. El protagonista de la historia es un hombre radicado en Buenos Aires, que se hizo pasar en esta ciudad por funcionario judicial para "apretar" a una víctima y fue atrapado cuando pretendía viajar al exterior.
Alfredo Ezequiel Micha, un hombre vinculado a la comunidad judía, admitió haber urdido un plan de coacción de naturaleza cinematográfica para "limpiar" la imagen de su amigo, el rabino Michael Hobarán.
El imputado, representado por el abogado santarroseño José Mario Aguerrido, fue trasladado a General Pico en calidad de detenido y se presentó ante el fiscal Matías Juan, ante quien hizo una confesión "lisa y llana" sobre los hechos. Micha admitió que, desesperado por salvar la carrera y el prestigio de su amigo Hobarán, decidió actuar por cuenta propia montando un elaborado engaño con el objetivo de forzar a la denunciante, Andrea Vallejos, a retractarse públicamente de su acusación por abuso sexual presentada en septiembre pasado.
El motivo económico
La presión para lograr la retractación no era puramente personal ni religiosa, sino que impactaba directamente en un nicho económico fundamental de la región. El rabino Hobarán es una pieza clave en la zona norte de La Pampa como encargado del proceso ritual de faena en un frigorífico cercano a Pico. Su tarea consiste en otorgar la certificación kosher, un aval imprescindible para que la carne sea exportada con destino a Israel y otros mercados internacionales que exigen el estricto cumplimiento de normativas.
La denuncia por abuso sexual tuvo un efecto inmediato y devastador: el Rabinato, bajo su propia normativa interna, le prohibió al rabino Hobarán ejercer sus funciones. Sin su firma y su autoridad certificadora, las exportaciones con sello kosher se paralizan o, en el mejor de los casos, requieren una costosa y compleja sustitución.
Según el relato de Micha a la Justicia, el entorno de Hobarán estaba "asfixiado" por esta imposibilidad de trabajar, que ponía en riesgo una fuente de ingresos significativa y su prestigio profesional. La coacción, por lo tanto, fue un intento desesperado por restaurar de manera urgente el aval religioso y, consecuentemente, la capacidad económica del rabino.
El defensor del imputado sostuvo que su accionar respondió a una decisión personal, motivada por la situación desesperante que atravesaba un amigo cercano.
El "secretario García"
El plan urdido por Alfredo Ezequiel Micha fue audaz e ilícito. Para persuadir que se retractara la víctima y denunciante del abuso sexual, el imputado viajó a General Pico y decidió suplantar la identidad de un funcionario judicial. Se hizo pasar por el "secretario García", un supuesto empleado de una Fiscalía de Santa Rosa, buscando dotar a su figura de autoridad institucional para hacer más creíble su amenaza.
Para llevar a cabo el operativo, contactó a la mujer y la citó en un punto de encuentro y la trasladó en una camioneta Ford EcoSport hasta una estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la Circunvalación y la Ruta 101. Ese sitio, a la vista de terceros y de cámaras de seguridad, fue el escenario de la coacción.
Una vez allí, entre cafés, el falso secretario le exigió a Vallejos que grabara un video desdiciéndose de la denuncia original contra Hobarán. El objetivo era que esta grabación sirviera como la "prueba" necesaria para que el rabino pudiera recuperar su aval y su trabajo.
Cuando el intento de persuadirla fracasó, Micha escaló la presión mediante mensajes de texto directos y amenazantes. Le advirtió a la víctima que si no enviaba la grabación la propia Justicia la imputaría por el delito de falso testimonio, transformándola de víctima a victimaria en el proceso.
Calificación legal
La prueba reunida y la confesión del imputado permitieron a la Fiscalía avanzar rápidamente en la calificación legal de los hechos. Alfredo Ezequiel Micha fue formalmente imputado por los delitos de "usurpación de autoridad y coacción".
En ese sentido, la Defensa del acusado expresó una reserva técnica respecto de la figura de coacción, al considerar que la amenaza atribuida a Micha carecía de posibilidad real de cumplimiento. Señaló que advertir a la denunciante que podría ser imputada por falso testimonio no estaba dentro de sus facultades, ya que no tenía poder para eso.
Pese a la gravedad de los cargos, y el pedido de la propia Fiscalía, el juez Ambrogetti dispuso que Micha recupere la libertad, fundamentándose en dos factores clave: la falta de antecedentes penales del imputado y su irrestricta colaboración con la Justicia. Micha entregó voluntariamente las claves de sus dispositivos móviles, incluyendo sus teléfonos. Sin embargo, tiene prohibido acercarse y tener cualquier tipo de contacto con la víctima, y deberá presentarse semanalmente en una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para acreditar su permanencia.
La Fiscalía ahora avanzará en determinar si la responsabilidad del hecho se agota en Micha o existen más actores directos en la trama. De todas formas, los delitos achacados y la ausencia de antecedentes del imputado lo encaminan a la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba.
