Gil Domínguez denunció que el BCRA declaró "secreto" el swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos

A través de un extenso mensaje en redes sociales, Andrés Gil Domínguez afirmó que el BCRA rechazó brindar detalles sobre el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, al considerar confidencial la información solicitada. El jurista sostuvo que la respuesta oficial es "oscurantista", carente de fundamentos y contraria a la Constitución y la legislación vigente.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) declaró como "secreta" la información vinculada al swap por USD 20.000 millones otorgado por los Estados Unidos a la Argentina.

Según explicó, el organismo respondió fuera del plazo legal a un pedido de acceso a la información pública, mediante la resolución RESOL-2025-14-E-GDEBCRA-GG#BCRA, pero rechazó brindar precisiones sobre aspectos centrales del acuerdo financiero.

En su solicitud, Gil Domínguez había requerido conocer "el plazo de devolución; la tasa de interés aplicable; las exigencias, condiciones o compromisos de cualquier índole o naturaleza que la República Argentina asume y debe cumplir como condición para la disponibilidad de los fondos", así como si el Poder Ejecutivo enviará el instrumento al Congreso, conforme lo establece el artículo 75 incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional.

De acuerdo al jurista, el BCRA denegó el pedido argumentando que la información tiene carácter confidencial, ya que su divulgación podría "comprometer la estabilidad del sistema financiero, la continuidad del acuerdo celebrado, los intereses de las partes y la efectividad de las herramientas de política cambiaria y monetaria".

Además, señaló que el Banco Central sostuvo que no era posible entregar información parcial, "ni siquiera mediante los mecanismos de tachas, anonimización o disociación", y que se limitó a remitir a un comunicado ya publicado en su sitio web institucional. Para Gil Domínguez, esa respuesta resulta "manifiestamente absurda", ya que se reiteró información genérica difundida previamente por el propio organismo.

El constitucionalista también cuestionó que el rechazo se apoye de manera "meramente ritual" en artículos de la Ley 27.275, sin desarrollar "ningún argumento concreto, específico y circunstanciado" que justifique una excepción al principio de publicidad de los actos de gobierno.

Finalmente, advirtió que esta conducta "vulnera el derecho de acceso a la información pública", afecta la seguridad jurídica, compromete recursos públicos de forma intergeneracional y tiene impacto directo en el riesgo país y en las condiciones de acceso al crédito internacional. Y cerró con una pregunta que, según afirmó, sigue sin respuesta: "¿Qué contenido tiene el SWAP que el pueblo argentino no puede conocer?".