Gil Domínguez alertó por una "regresión democrática" ante la reforma laboral

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó con dureza el intento del oficialismo de avanzar de manera acelerada con la denominada "ley de modernización laboral" y advirtió sobre una regresión tanto en materia de derechos laborales como en el funcionamiento democrático.

El constitucionalista además advirtió que "las leyes laborales que deben proteger razonablemente al trabajador en el ámbito de una relación asimétrica, no son un instrumento idóneo para crear empleo porque para eso se necesitan políticas públicas integrales".

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Gil Domínguez contrastó el actual escenario con otros procesos legislativos relevantes de los últimos años y señaló: "La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (2015) y de las leyes de servicios de comunicación audiovisual (2009), de matrimonio igualitario (2010), de acceso a la información pública (2016) y de interrupción voluntaria del embarazo (2021), debido a la temática que abordaban, fue precedida de un debate plural, inclusivo y federal que honró el valor epistémico de la democracia, entendido como la capacidad del proceso democrático -a través de la deliberación pública abierta, la participación de múltiples voces, saberes y experiencias y el intercambio argumentativo- de producir decisiones normativas más informadas, razonables y socialmente legítimas que aquellas adoptadas de manera cerrada o unilateral".

En contraposición, el jurista afirmó que el proyecto laboral que impulsa actualmente el Gobierno se inscribe en una lógica opuesta: "En sentido diametralmente opuesto, actualmente se pretende sancionar de forma exprés una norma denominada 'ley de modernización laboral' que modifica de manera integral y regresiva el sistema de protección laboral, tanto en su dimensión individual como colectiva, negando la deliberación pública y obturando la participación social".

En su análisis, Gil Domínguez enumeró una serie de efectos negativos que, a su entender, tendría la iniciativa: "Se trata de un proyecto que expulsa a amplios sectores de trabajadores de la tutela del derecho laboral para subsumirlos en el régimen autónomo del Código Civil y Comercial; que debilita la negociación colectiva; que desconoce las transformaciones derivadas del desarrollo científico y tecnológico; que afecta la independencia judicial al imponer la obligatoriedad irrestricta de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo apercibimiento de juicio político, sin admitir apartamientos fundados en las particularidades del caso; y que, además, aborda materias impositivas siendo presentado en el Senado como cámara de origen en abierta violación del artículo 52 de la Constitución argentina".

Finalmente, el constitucionalista advirtió que las consecuencias exceden el plano estrictamente laboral: "Esta preocupante regresión no solo compromete el contenido de los derechos laborales, sino que también erosiona el funcionamiento deliberativo del sistema democrático, despojándolo de su dimensión epistémica y debilitando su función esencial como mecanismo de tutela de los sectores estructuralmente más vulnerables en el marco de la relación laboral".