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EL DIARIO digital
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La diputada provincial Liliana Robledo (PJ) presentó un proyecto de resolución que solicita al Banco de La Pampa y a todas las entidades financieras que operan en la provincia la incorporación del concepto "Cuota Alimentaria" como categoría de depósito. El objetivo es claro: garantizar que esos fondos puedan ser identificados de manera precisa en el sistema bancario y queden resguardados frente a eventuales retenciones, débitos automáticos o compensaciones.
La iniciativa también apunta al plano nacional. Propone que los representantes pampeanos en el Congreso impulsen una reforma a la Ley 24.144, la Carta Orgánica del Banco Central, para crear la figura formal de "Depósito de Cuota Alimentaria", con carácter inembargable, incompensable y plenamente trazable.
Robledo fundamentó el proyecto en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061. "La ausencia de identificación específica en los depósitos provoca, en muchos casos, afectaciones indebidas a fondos que están legalmente destinados a satisfacer necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación", señaló.
Además, destacó que la iniciativa es técnicamente viable, ya que el Banco Central ya ha creado categorías de depósitos especiales en otras circunstancias. "Los alimentos no son un ingreso común: son un derecho esencial. Ninguna retención bancaria puede interponerse entre un niño y su cuota alimentaria", afirmó.
Problemática persistente
El proyecto se presentó en un contexto donde los incumplimientos de las obligaciones alimentarias siguen siendo un problema estructural. Datos oficiales del Registro Provincial de Deudores Alimentarios (RPDA) señalan que entre 2006 y 2025 se registraron unas 397 inscripciones vinculadas a incumplimientos, de las cuales 345 permanecen activas.
La información fue expuesta por la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak, durante el Primer Encuentro Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos realizado en la UBA. Allí se detalló que 52 inscripciones fueron canceladas por cumplimiento, prescripción o fallecimiento del deudor.
El fenómeno tiene, además, un fuerte sesgo de género: 393 inscripciones corresponden a varones y solo cuatro a mujeres, todas ellas abuelas obligadas alimentarias. También se detectaron 25 personas reincidentes, con más de un expediente asociado, lo que evidencia trayectorias de incumplimiento prolongado y la necesidad de respuestas judiciales y administrativas más efectivas.