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EL DIARIO digital
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La disputa entre la Municipalidad de Santa Rosa y el Grupo Clarín —a través de Telefónica/Movistar— por el tendido de fibra óptica sin autorización llegó a un punto decisivo. Tras semanas de inspecciones, actas, sanciones económicas y secuestro de vehículos, hace diez días la gestión del intendente Luciano di Nápoli puso un límite concreto: la empresa tiene 30 días para retirar los postes y cableado instalados sin permiso. Si no lo hace, la comuna ejecutará el retiro de manera forzosa y trasladará los costos.
Pero mientras el conflicto escala en lo político y en lo administrativo, surge un interrogante que sobrevuela en ámbitos técnicos y jurídicos: ¿cuenta Santa Rosa con la capacidad operativa para desmontar toda la infraestructura irregular desplegada por una de las mayores compañías de telecomunicaciones del país?
La cronología que explica la tensión
El conflicto comenzó cuando la Municipalidad detectó que la empresa instalaba postes y tendía fibra óptica en distintos barrios sin contar con las habilitaciones correspondientes. Las áreas técnicas confirmaron la existencia de estructuras nuevas en sectores de la zona sur y la zona norte, en algunos casos mediante georreferenciación exacta.
En paralelo, el Concejo Deliberante evaluaba el proyecto de Clarín para desplegar una red de 112 kilómetros y colocar más de 2.700 postes. Finalmente, los tres pedidos fueron archivados de manera unánime, con el argumento de que la empresa había avanzado sin permiso y en infracción a la Ordenanza 2486/99, que regula la ocupación del espacio aéreo y subterráneo.
Con el freno legislativo, la respuesta municipal se volvió más firme: multas por más de 54 millones de pesos, señalización de postes ilegales y secuestro de vehículos, entre ellos camionetas, utilitarios y camiones grúa que operaban sin documentación habilitante.
La empresa negó haber instalado infraestructura nueva y sostuvo que solo realiza "recambios" de postes dañados. También remarcó que posee licencias nacionales para operar servicios de telecomunicaciones.
Sanciones y operativo en desarrollo
Con la multa aplicada y los vehículos retenidos, la Municipalidad avanza en dos frentes. Por un lado, continúa labrando actas y relevando instalaciones irregulares; por otro, debe preparar el operativo de retiro que ejecutaría si la empresa no cumple el ultimátum de 30 días.
La señalización con fajas rojas de los postes ilegales aparece como una demostración de control territorial, pero también deja en evidencia la extensión del problema. Hay estructuras colocadas en numerosos puntos de la ciudad, con distinto grado de avance y conexión a redes existentes.
En los últimos días, según se reportó, Clarín mantuvo actividad en nuevos sectores, incluso mientras se ejecutaban operativos de secuestro. Esa persistencia alimenta la tensión y agrega un componente político al conflicto: la empresa desafía abiertamente su poder de policía sobre el espacio público.
La pregunta de fondo
A partir del ultimátum de 30 días, el foco del conflicto ya no está solo en las multas o las actas, sino en la viabilidad real del operativo que la comuna deberá encarar si quiere cumplir lo que anunció.
Desmontar postes y retirar cableado ilegales, de manera masiva, requiere cuadrillas especializadas, grúas y equipamiento propio, inventarios precisos de cada instalación, capacidad para evitar afectar servicios de terceros, un equipo técnico estable durante semanas o meses.
Santa Rosa tiene herramientas legales contundentes: la Ordenanza 2486/99 le da control total sobre el espacio aéreo y la posibilidad de retirar infraestructura no autorizada cargando el costo a la empresa. El artículo 21 establece lo siguiente: "La Municipalidad podrá ejercer la autotutela administrativa para la remoción de aquellas instalaciones que no se adecuen a la presente Ordenanza, siendo los gastos que ello genere a cargo del infractor quién carecerá de derecho alguno para exigir indemnización al Municipio, por cualquier concepto que fuere". También cuenta con respaldo normativo para secuestrar vehículos y frenar trabajos.
Sin embargo, el interrogante es operativo, no jurídico. ¿Podrá el municipio desmantelar una red que incluye cientos de postes, varios kilómetros de fibra óptica y una trama que en algunos sectores ya aparece conectada? ¿Tiene maquinaria, personal y presupuesto para hacerlo en un plazo razonable? ¿Qué ocurrirá si la empresa judicializa el conflicto y pide una cautelar para frenar el retiro?
Un conflicto que recién empieza
Mientras avanza el relevamiento de postes y se mantiene la vigilancia sobre las cuadrillas de la empresa, la disputa entra en una etapa decisiva. El Municipio mostró ahora voluntad política para enfrentar a una de las corporaciones más grandes del país y aplicó las sanciones más severas previstas por su normativa. Pero el desafío mayor está a la vuelta de la esquina: ejecutar efectivamente el desmantelamiento.
¿Está Santa Rosa en condiciones reales de desmontar toda la red ilegal que detectó en su territorio? Esa respuesta, más que jurídica, será técnica y operativa. Y definirá el desenlace de uno de los conflictos urbanos más tensos de los últimos años.
